Paralela a la lucha contra la corrupción, uno de los principios de la política económica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es un ejercicio austero de las finanzas públicas, del presupuesto. Ya no más gastos superfluos, boato escandaloso de gobernantes cuyo paradigma es el avión presidencial que compró Calderón y heredó a Peña Nieto, ni uso de boletos de avión de primera clase para autoridades y acompañantes, ni helicópteros ni camionetas Hummer ni autos nuevos para medio mundo ni servicio de mantenimiento para casas de funcionarios.
Se mantienen el cuidado de los principales indicadores macroeconómicos, “los fundamentales” llamados así por los neoliberales: el tipo de cambio y la inflación, si bien esta última ha aumentado este año por condiciones internacionales y no por determinantes internas. La inversión extranjera directa mantiene a nuestro país como un destino seguro: el año pasado alcanzó 31.6 mil millones de dólares, pero todavía no alcanza la registrada antes de la pandemia en 2019 cuando fue de 33 728 millones de dólares. Y la inversión pública en infraestructura, principalmente la refinería de Dos Bocas, la adquisición de la de Deer Park y la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, han impulsado el crecimiento de la economía nacional, a pesar de la contención de la inversión privada de la mayor parte de los grandes oligarcas del país. El Fondo Monetario Internacional ha elevado la estimación del crecimiento de México para este año al 2.4 por ciento.
La política social se ha convertido en un componente estratégico de la política económica. El incremento significativo del salario mínimo, las pensiones para adultos mayores, discapacitados y madres solteras, así como los préstamos para la pequeña y micro empresa y los subsidios que han mantenido los precios de la gasolina y la luz han contribuido a mantener el mercado interno.
El peso de la deuda en las finanzas públicas es un lastre para el desarrollo nacional, si bien con AMLO no ha aumentado la deuda externa, sí la interna y la deuda de los estados se vuelve pesada para varios de ellos, como Jalisco donde el nefasto gobernador todos los días exhibe su incompetencia y más allá.
El mayor peso es el del Fobaproa, herencia maldita de Zedillo y todos los que siguieron. Representa el 6% de la deuda interna y se come 3.4% del presupuesto. Los pasivos del IPAB (Instituto de protección al ahorro), el Fobaproa, pasó de 716 mil millones de pesos en 2000 a poco más de un billón de pesos en 2020; y representan más de la mitad (54.3% en 2020) de los requerimientos financieros del sector público. El Fobaproa, símbolo del proceso de convertir deuda privada en deuda pública, deuda de grandes empresarios y deuda del fraudulento proceso de privatización de la banca pública realizado por Salinas.
Sin duda, el repudio del Fobaproa debería ser una demanda del movimiento popular.
