El Senado aprobó en lo general y en lo particular la minuta que reforma a la Ley de la Guardia Nacional y Seguridad Pública, y le entregó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional.
Después de casi 14 horas de debate y con el respaldo de Morena y sus aliados, el proyecto avalado en lo particular con 69 votos a favor, 50 en contra y dos abstenciones, entre ellos el del coordinador de esa bancada, Ricardo Monreal, ahora será enviada al Ejecutivo.
La reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador que modifica a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Guardia Nacional, a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, recalcó, al presentar el dictamen, que la reforma no significa “un cheque en blanco” para la Guardia Nacional y sus mandos, ya que la corporación deberá rendir informes oportunos y amplios al Senado, cámara que deberá seguir su desempeño.
Igualmente, el también morenista Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, resaltó que no es ajeno a los cuestionamientos de legalidad de la propuesta, pero consideró prioritario “apoyar al Ejecutivo federal en estos ajustes operativos de la GN, que es el instrumento primordial con que se cuenta hoy para las tareas de prevención del delito, preservación de la seguridad pública, recuperación de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país”.
Sin embargo, legisladores de PAN, PRI, PRD, MC y Grupo plural insistieron en que se da un poder desmedido al Ejército. La priísta Beatriz Paredes sostuvo que “no se deben generar tentaciones que en México no existían” y su compañera de bancada Claudia Ruiz Massieu recalcó que sólo se logrará desgastar a las fuerzas armadas al dejarles las tareas policiacas.
El panista Julen Rementería, que de entrada propuso posponer el debate y acudir a parlamento abierto, acusó luego ante el pleno al Ejecutivo federal de querer dejar la responsabilidad de “su fallida estrategia” al Ejército.
El coordinador de MC, Clemente Castañeda, insistió en que por esta reforma, que “desnaturaliza y debilita” a las fuerzas armadas, López Obrador no se equipará a Juárez y Cárdenas, “sino a Díaz Ordaz y Echeverría”.
Germán Martínez, del Grupo Plural, advirtió que tal como lo determinó Benito Juárez, no se debe dar todo el poder al Ejército y desde el pleno sostuvo que, así como “hay militares leales a la República”, también hay “hijos de la chingada”.
Ante ello, el senador morenista Navor Rojas Mancera lamentó el tono peyorativo con que la oposición se refería al Ejército y dejó claro que en el gobierno de López Obrador las fuerzas armadas no se utilizan para masacrar al pueblo, como se hizo en gobiernos anteriores, sino para alcanzar la paz y la seguridad.
Igualmente, el senador del PT Gonzalo Yáñez resaltó que el Ejecutivo federal no se viste de militar, ni utiliza a las fuerzas armadas para la represión política o la desaparición forzada de opositores o dirigentes sociales.
El bloque de contención, conformado por PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural, anticipó que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra dicha reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada previamente por la Cámara de Diputados.
La panista, Lilly Téllez, provocó la molestia de la bancada de Morena, al acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador de falso profeta pues ofreció paz y entregó muerte. Calificó a los senadores de Morena súbditos del “pejelagarto” y “grupito de agachados y cómplices del pacto con el crimen organizado”.
“Usted es una traidora a Morena porque usted llegó de senadora gracias al presidente”, respondió la morelense Lucía Meza; en tanto, el morenista Héctor Vasconcelos amenazó a la senadora Téllez con promover una demanda penal en su contra por difamaciones y calumnias contra el titular del Ejecutivo.
