En el proceso de aprobación del presupuesto, responsabilidad única del poder legislativo, de la Cámara de Diputados, vuelven a estar sobre la mesa, los gastos suntuarios, irresponsables de la Suprema Corte que acompañan a sus estratosféricos salarios, y sus 14 fideicomisos que la corte defiende con uñas y dientes, amenazando con el petate del muerto, de que se pondrán en peligro las elecciones del año próximo y declaran que seis de ellos, menos de la mitad, corresponden a obligaciones patronales con sus trabajadores.
Los fideicomisos de la Suprema Corte, según diversas investigaciones, superan el presupuesto asignado a la Corte. Se propone eliminar 13 de sus fideicomisos que tienen ingresos por 15 450 millones de pesos. Fideicomisos que se destinan a mantenimientos de viviendas, apoyos médicos adicionales, jubilaciones y pensiones vitalicias inconcebibles a más de prestaciones mayoritarias. Desde el último año del siglo pasado, hace 24 años, el Poder Judicial de la Federación, debería devolver a la Tesorería de la Federación los recursos no utilizados, como lo hacen la mayoría de las dependencias, y no lo ha hecho; son guardaditos para sus prebendas injustificables.
Es por lo que el Plan C es objetivo democrático en las próximas elecciones del 2024. Es urgente alcanza una mayoría calificada para realizar los cambios constitucionales necesarios para poner en orden al poder judicial y que sirva a los intereses mayoritarios de los ciudadanos y no a los intereses de fracciones de la oligarquía nacional y extranjera ni a sus mezquinos intereses particulares.
