Después de que en ambas cámaras durante la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, no se consideró crear el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado presentó la iniciativa para denominar al organismo encargado de administrar y enajenar bienes y activos, como Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indepuro).
Luego de que la Ley de Extinción de Dominio fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 09 de agosto, sin este nombre, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el legislador de Morena indicó que se le harán reformas a la legislación secundaria del mencionado decreto con el fin de armonizarla con la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
Cuando en su momento se llevó a cabo la discusión de la Ley de Extinción de Dominio, la diputada del PRI Dulce María Sauri pidió a los legisladores de Morena que le informaran al Mandatario que el instituto que administrará los bienes decomisados no tendría ese “apodo”.
Explicó que si bien desaparece el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en sustitución no quedó el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
“Actualmente se llama Instituto de Administración de Bienes y Activos, pues nadie sabe ni nadie se va a aprender el nombre, pero el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, todo mundo lo va a recordar, lo va a identificar y va saber cuál es su actividad”, dijo Delgado Carrillo a la prensa, tras finalizar la Comisión Permanente que sesionó este miércoles en el Senado de la República.
El líder morenista explicó que desde 2007, la institución juega un rol importante en la recuperación de recursos públicos que fueron objeto de robo, en sus muy distintas modalidades, como el que se deriva de la corrupción o sustracción de la economía formal, siendo instrumento o resultado de actividades ilícitas que infligen un daño a la sociedad.
Recordó que, en gobiernos anteriores, la gestión de los recursos abandonó el interés público y social, indicando que, en enajenaciones efectuadas durante el periodo neoliberal, no se realizaron bajo las mejores condiciones de oportunidad y conveniencia para el Estado; “la administración y enajenación de los bienes del pueblo se realizaban bajo las políticas de amiguismo y compadrazgo”.
