Este 5 de febrero, el Congreso de Morelos admitió el proceso de juicio político en contra del exgobernador de dicha entidad, Graco Ramírez Garrido, esto por no haber demostrado con claridad el uso de 120 millones de pesos del erario correspondientes al ejercicio 2018.
También afrontará juicio político los exsecretarios de Hacienda, Jorge Michel Luna, y de Contraloría, Adriana Flores Garza, por el daño a las finanzas de la Fiscalía General del Estado y del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), confirmó el diputado José Casas González.
Ante el atraso de Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción que no ha judicializado ninguna carpeta de las más de 50 denuncias que inició el Gobierno del estado en contra del perredista y su gabinete, por desvíos de recursos a través de conciertos magnos, así como megaobras públicas que presuntamente el exmandatario y su gente habrían realizado durante su administración, los diputados avanzan en enjuiciar e incluso citar a comparecer ante el pleno a Graco Ramírez, puntualizó El Financiero.
Casas González, presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso de Morelos, detalló que en los próximos 15 días el Congreso estatal dará continuidad a esta solicitud y se notificará a los exfuncionarios señalados, pues mencionó que el haber retenido los recursos de dichas dependencias puso en riesgo incluso los comicios del 2018, en la que su hijastro Rodrigo Gayosso Cepeda competía para la gubernatura.
El dictamen obtuvo siete votos a favor y tres abstenciones de las diputadas de los partidos Nueva Alianza, PRD y PT.
Dicho procedimiento se inició a solicitud de la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos, quien acusa a Ramírez Garrido-Abreu y a los exfuncionarios estatales de no entregar en el ejercicio fiscal del 2018 la cantidad de 120 millones de pesos a la Fiscalía General de la entidad, y dos millones 560 mil pesos al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
Asimismo, Casas González refirió que a los acusados se les dará derecho de audiencia para que expongan sus motivos, de los que se realizará después un dictamen que posteriormente se turnará al Poder Judicial.
