En conferencia de prensa desde Santiago de Chile, el Subdirector de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), Julio Berdegué y Mariana Escobar, consultora especialista en desarrollo rural de Organización, presentaron la estrategia “100 Territorios libres de pobreza y hambre” (100-T), que tiene como objetivo: “desarrollar, implementar, monitorear, evaluar, sistematizar y diseminar herramientas y modelos de intervención adecuados a las realidades de los territorios rurales más rezagados y vulnerables de América Latina. Lo anterior, con el fin de acelerar el logro de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para lo cual gravita sobre las dimensiones de desarrollo rural, pobreza, hambre y malnutrición”, se expresa en el documento publicado por la FAO.
Los países beneficiados en una primera etapa de esta iniciativa serán Colombia, Guatemala, Honduras, Salvador y República Dominicana; se espera que en el futuro se sumen otros países de América Latina, donde casi la mitad de la población rural vive en la pobreza, “la última medición que tenemos es que la pobreza rural está en 48.6 por ciento de la población rural del continente, es decir, la mitad: Siglo XXI, países de ingreso alto, medio alto, y la mitad de los habitantes de América Latina vive en pobreza; peor aún, uno de cada cinco vive en condiciones de extrema pobreza”, informó Berdegué, también Representante Regional para América Latina y el Caribe de FAO.
Sobre las “comunidades rezagadas”, Berdegué apuntó que: “esos territorios sufren de olvido pero también de malas decisiones, malas alternativas porque no son las que estos territorios necesitan (…) cuando estos lugares se quedan atrás están generando una cantidad de conflictos, los problemas del narcotráfico en muchos de nuestros países: la producción de coca, de amapola para heroína, nadie dice que el origen de eso es que son territorios de pobreza y de extremo abandono, sino que les ponemos atención cuando tenemos un problema de economías ilegales”.
En concordancia con la FAO, el pasado 1 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el programa “Sembrando vidas”, que tiene como objeto el rescate de la producción en el campo al generar 200 mil empleos y sembrar, en una primera etapa, 570 mil hectáreas, así como promover el arraigo de los productores para evitar la migración forzada y la necesidad de realizar actividades vinculadas al crimen organizado.
Con datos presentados por el organismo, México es el país latinoamericano con más municipios rurales en rezago al tener 547 donde existe un alto índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), le siguen Perú con 422, Brasil con 229, y Colombia con 213. En total son 14 países de América Latina contabilizados por la FAO en los cuales se estiman mil 975 municipios donde existen 20.9 millones de habitantes que podrían tienen alto porcentaje de desnutrición crónica y NBI.
En un desplegado publicado por la FAO, se señala que algunos de los objetivos clave de la estrategia 100-T son: brindar a los gobiernos nacionales y territoriales, así como a otros actores clave del desarrollo rural, herramientas, conocimiento y acceso a experiencias exitosas que pueden contribuir a reducir la pobreza en estos territorios; lograr que los autoridades nacionales se sumen a la iniciativa, así como apoyar a los gobiernos en la implementación a través de mecanismos de coordinación con el fin de incrementar su impacto sobre la pobreza y la desigualdad, y en auditar, monitorear y evaluar programas y proyectos.
Al respecto, Mariana Escobar señaló que naciones como Brasil, Paraguay, Guatemala, El Salvador y México, serían piezas importantes al participar en la estrategia: “La tarea de avanzar en este problema rural es de los gobiernos, pero los gobiernos no pueden ya solos, así que la idea también es no sólo el diálogo político, sino también el diálogo social, el diálogo técnico e incluso también con el sector privado”.
Dentro del “Trabajo Estratégico de la FAO para reducir la pobreza rural”, registrado en 2017, se indicaba ya que el empoderamiento de las zonas rurales evitaría la migración forzosa y promovería la dignificación del empleo en el campo, liberar el potencial de la mujer, así como el apoyo a los agricultores familiares, entre otros puntos que impulsan las economías locales así como la promoción de la seguridad alimentaria.
