Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se ha visto involucrado en cuestionamientos sobre su situación financiera, luego de que la empresa Compusoluciones y Asociados SA de CV, de la que resultó ser beneficiario, recibió 102 millones 107 mil 156 pesos a través de 26 contratos millonarios para suministrar licencias y capacitación en la operación de software como Oracle, así como cursos de uso de Excel o Power Point en las oficinas de Gobierno.
Dichas adjudicaciones de servicios directas a la empresa, es decir, sin ningún tipo de licitación, se dieron entre 2006 y 2018, bajo las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, respectivamente. A inicios de junio del presente 2019, se dio a conocer que la Nacional Crime Agencydel gobierno de Reino Unido detectó lo que la propia organización determinó como “transferencias sospechosas”, en las cuentas del Ministro Medina-Mora por 2 millones 382 mil 586 libras esterlinas, mientras que el Departamento de Tesoros de EU identificó otros movimientos entre 2016 y 2018 por 2 millones 130 mil dólares, que en conjunto, sumarían 102 millones de pesos. Sin embargo, las declaraciones del Ministro al Sistema de Administración Tributaria (SAT) entre 2013 y 2017, ascienden a sólo 26 millones, 38 mil, 256 pesos.
Medina-Mora, quien es ministro desde 2015 y se desempeñó como embajador de México en los Estados Unidos, de 2013 a 2015, señaló que pese a ser investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, que dirige Santiago Nieto, no es necesariamente culpable: “Hay información del Gobierno de Estados Unidos. Ya se le pasó a la Unidad de Inteligencia Financiera. Eso no significa que sea culpable. Es una información que tiene la oficina de Inteligencia Financiera”, dijo en conferencia al publicarse su situación.
Sin embargo, esta no es la primera vez que el ahora Ministro se encuentra vinculado a temas comprometedores; en 2006, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, Medina-Mora se desempeñaba como titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, vinculado al operativo de mayo en San Salvador Atenco, el cual decantó en la muerte de dos jóvenes, uno de ellos menor de edad; la detención de 207 habitantes de la comunidad, y las agresiones sexuales contra 26 mujeres.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la SCJN determinaron, bajo las recomendaciones 38/2006 y dictamen 3/2006, que en el operativo se cometieron violaciones graves a los derechos humanos. Si bien señalaron a mandos medios y bajos de los dos órdenes de gobierno, establecieron que Medina Mora participó en la planeación del operativo.
Entre otras recomendaciones que guarda en su haber, Eduardo Medina-Mora cuenta con la número 37/2006 sobre el movimiento de los trabajadores siderúrgicos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el que murieron dos obreros y la 64/2008 adjudicada por la investigación de funcionarios públicos sobre la muerte de los 65 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila.
Asimismo, como encargado de la Procuraduría General de la República, puesto que ocupó de 2007 a 2009, se caracterizó por la opacidad y protección de algunas averiguaciones previas de delitos cometidos por servidores públicos durante la guerra en contra del crimen organizado y además de ocultar detalles de las investigaciones ministeriales sobre Amigos de Fox; los procesos penales ligados con Elba Esther Gordillo, y las denuncias en contra de Rosario Robles y el empresario Carlos Ahumada Kurtz, sólo por nombrar algunos.
Dentro de la opacidad sobre funcionarios públicos se encuentra la suya propia: de 2000 a 2015, presentó 19 declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública: en ninguna aparece publicado su patrimonio o sus posibles conflictos de interés.
