Su nombre es María Elena Álvarez-Buylla y es investigadora del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su figura no es nueva en la esfera pública, aunque no fue sino hasta los últimos dos años que empezó a popularizarse en los medios, cuando obtuvo el Premio Nacional de Ciencias, en 2017, y cuando fue nombrada posible directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por el entonces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en junio de 2018. Su trabajo en defensa del maíz nativo y en contra de los escenarios peligrosos que el uso de transgénicos en la agricultura podría desencadenar la ha mantenido cercana a los espacios de divulgación de la ciencia. Su activismo y sus investigaciones no sólo desafían a un modelo que devora cuanto encuentra a su paso sin pensar en el mañana, sino que colocan en el centro la dignidad humana, la protección del medio ambiente y los saberes milenarios de los pueblos. En un círculo que se proyecta ante los ojos del mundo como un cuadrado helado e insensible, ella desentona al ser capaz de pronunciar palabras como ternura y sufrimiento.
Proveniente de una familia de librepensadores, Álvarez-Buylla se mueve con soltura fuera de los espacios de investigación, argumentando en aquellos foros que los científicos han olvidado o terminado por ceder. La huella de un destino encaminado hacia la lucha por la justicia social se lee desde su nombre. Su segundo apellido, Roces, se lo debe al hombre que tradujera al español las principales obras de Karl Marx, como El Capital y El Manifiesto del Partido Comunista. La mujer que considera a las plantas sus “almas gemelas” tiene claro que “esta sociedad del conocimiento puede ser muy perversa, porque puede capturar o secuestrar el conocimiento para un fin que no es el de la ciencia, sino el de la acumulación de ganancias privadas”.[1] Ante las prácticas rapaces del neoliberalismo, Álvarez-Buylla propone respuestas racionales, pero también afectivas. “Vamos a necesitar de una técnica que anteponga el conocimiento y el interés social para lograr un mundo más justo”.[2]
La cofundadora del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM ha vivido las últimas décadas con “una pierna adentro del laboratorio y otra afuera”, como a ella misma le gusta decir. Consciente de que la ciencia “puede convertirse en un instrumento destructor”, Álvarez-Buylla se ha plantado en cuanto debate, entrevista y conferencia le ha sido posible para advertir sobre los riesgos que conllevaría sustituir los alimentos derivados del maíz nativo por otros formados a partir del maíz híbrido. Su labor frente a los reflectores la ha llevado a ser “tachada de activista” por algunos de sus colegas. “Para mí es un halago”, responde la investigadora, acostumbrada a los cuestionamientos. “Me han dicho que soy muy apasionada y yo ahí lo que digo es ‘¿qué vamos a hacer cuando los científicos ya no conectemos con las emociones, cuando no pongamos el corazón?’”.[3]
La tierra del despojo
Su discurso constante, fundamentado en sus propias investigaciones, la ha llevado a convertirse en un referente necesario cuando se habla de transgénicos en México. De hecho, el Premio Nacional que recibió el año pasado en el campo de las Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales se debió a sus aportaciones a la comprensión de la dispersión de transgenes en las variedades nativas del maíz. Emulando el célebre acto en el que Hugo Chávez le regalara a Barack Obama la manzana envenenada de Las venas abiertas de América Latina, ensayo en el que Eduardo Galeano profundiza en “la mortalidad de las fortunas que la naturaleza otorga y el imperialismo usurpa”, Álvarez-Buylla efectuó su propia protesta al recibir el Premio de manos del presidente Enrique Peña Nieto. El maíz en peligro ante los transgénicos es el título de la obra de su autoría que entregó al telepresidente. “Le pedí que leyera el título del libro que le regalé. Lo leyó y dijo ‘bueno, pues hay que hacerle difusión a esto, es muy importante’”, relata Álvarez-Buylla. El episodio recuerda, inevitablemente, el tropezón que el priista tuviera antes de la campaña presidencial de 2012, cuando no pudo mencionar ni un solo libro que marcara su vida. “Me hubiera gustado escuchar que después de haber leído el libro estaba convencido de impedir que nuestra base de alimentación se siguiera afectando de la manera en que se está afectando”.[4]
“El que el gobierno ceda algo tan esencial como es la producción de alimentos me parece muy riesgoso”, ha externado la científica en relación con el alto porcentaje de maíz que importa México. Proveniente de países como Estados Unidos, el cincuenta por ciento del consumo de este cereal, considerado la base de nuestra alimentación, podría haber sido genéticamente modificado. De acuerdo con la organización ambientalista Greenpeace, un transgénico “es un ser vivo creado artificialmente con una técnica que permite insertar a una planta o a un animal genes de virus, bacterias, vegetales, animales e incluso de humanos”, con el fin de darle resistencia ante algunos herbicidas o de mejorar sus características agronómicas. Aunque sus presuntos beneficios han sido ampliamente publicitados, el uso de transgénicos podría causar efectos nocivos en la salud y en el medio ambiente, además de atentar contra la soberanía de los pueblos de México.
Las investigaciones en torno a los transgénicos se encuentran fuertemente polarizadas. Mientras que unas aseguran prácticamente que su existencia va a terminar con el hambre, las otras advierten que son un peligro potencial para la humanidad y para el planeta. Un factor decisivo diferencia a las unas de las otras: las primeras se encuentran normalmente financiadas por grandes empresas productoras de cultivos transgénicos como Monsanto, Bayer y Syngenta. “Si bien no hay un pago directo de una compañía, el prestigio, el éxito y la productividad académica de estos investigadores dependen de una línea tecnocientífica que ha sido marcada por varias de estas compañías”,[5] apunta Álvarez-Buylla, quien asegura que hay un efecto nocivo directamente causado por el consumo de transgénicos, recordando que ella no tiene patentes, ni se beneficia ni se perjudica económicamente por sus argumentos.
Álvarez-Buylla afirma que el maíz híbrido que parte de transgénicos tiene menor nivel de proteínas, fibras y antioxidantes que las variedades nativas. Recuerda también que distintos estudios han detectado la presencia de glifosato en alimentos derivados de maíz transgénico. Éste es un agrotóxico que ha empezado a asociarse con malformaciones en los seres humanos, aunque no de forma concluyente. Sin embargo, los estudios sobre la exposición al glifosato en anfibios y aves han sido tajantes: concentraciones miles de veces menores a las que se usan en la agricultura causan malformaciones y deficiencias en el sistema inmunológico de estos animales. “El consumo repetido sí tiene un efecto detrimental en órganos asociados al desalojo de sustancias tóxicas en el organismo”, asegura la investigadora, resaltando que éste podría tener un efecto perjudicial en la fertilidad. Muchas de las consecuencias, de ser el caso, se darán a largo plazo. Al no contar México con una ley que obligue a las empresas a advertir con etiquetas sobre la presencia de transgénicos “va a ser muy difícil rastrear el efecto en salud”.
Aunque en temas como el medio ambiente y el impacto en el bienestar de las personas a largo plazo los resultados estén divididos, hay algunos puntos donde los investigadores han logrado consenso. La mayoría asegura que no hay forma de que el maíz híbrido o transgénico coexista con las variedades nativas sin contaminarlas. Esto colocaría a los agricultores en una encrucijada, dado que la utilización de semillas transgénicas implica una deuda con sus desarrolladores. “Van a dar la posibilidad de que estas compañías exijan derechos sobre las variedades que son un bien común”, ha prevenido la científica.
El caso no sería nuevo; hace veinte años Monsanto dejó bien sentado el precedente. En agosto de 1998, la trasnacional demandó al agricultor canadiense Percy Schmeiser por “piratería biológica”. Originario de Saskatchewan, un pueblo pequeño en el oeste de Canadá, Schmeiser cultivaba canola con semillas tradicionales, sin tomar en cuenta que su vecino utilizaba variantes transgénicas creadas por la compañía estadounidense y que éstas terminarían contaminando su terreno. Los agricultores suelen ocupar las semillas de los cultivos de un año para sembrar durante el próximo. En este ciclo, Schmeiser terminó utilizando las semillas de Monsanto, hecho que lo metió en el conflicto legal más grande de su vida. El caso llegó a tal grado que tuvo que ser resuelto por la Corte Suprema de Canadá, misma que falló en favor de la trasnacional. Aunque eximieron al agricultor de pagarle cualquier retribución a la compañía, Schmeiser tuvo que cubrir los costos de una batalla que duró diez años.
“Se pueden contaminar las variedades que hoy son un bien público y que podrían ser demandadas como un bien privado por alguno de estos monopolios, con todos los efectos perversos que esto tiene”,[6] reflexiona Álvarez-Buylla. “La razón de ser de los híbridos es una forma de control capitalista de la agricultura y de despojar al agricultor, al campesino, de este medio de producción y entonces generar con la posesión privada de las semillas una ganancia, un valor, que extrae del trabajo campesino la empresa capitalista”.[7]
Para la investigadora, son muchas las razones por las cuales el Estado mexicano debería impedir la importación de maíz proveniente de países que utilicen transgénicos, así como su siembra en el territorio nacional. Además de anteponer el principio precautorio frente a tecnologías cuyas consecuencias aún no han sido del todo exploradas, el gobierno tendría que impedir un posible despojo a las comunidades campesinas. “Aun si fuera una tecnología ideal, el hecho de que estén patentados estos genes y no se pueda evitar su contaminación a las variedades nativas de México, que son el sustento de la alimentación de este país y de la seguridad alimentaria del mundo entero, sería argumento suficiente, como lo ha sido en todos los centros de origen y diversidad del país, para evitar su siembra a campo abierto en México”.[8]
La esclavitud de la ciencia
En 2013, con apenas un año en el poder y con los principales escándalos del sexenio aún esperando por brotar, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que su administración conseguiría destinar el uno por ciento del Producto Interno Bruto al presupuesto de Ciencia, Tecnología e Innovación. Al finalizar su gobierno, este rubro se cubría con apenas la mitad de lo prometido. A pesar de contar con más de veintiocho mil investigadores registrados ante el Conacyt y con el punto seis por ciento de todos los científicos del mundo trabajando en su territorio, México otorgó en 2016 sólo el tres por ciento de todas las patentes registradas a sus propios ciudadanos. Esto significa que, aunque existan miles de personas desarrollando ciencia y tecnología en el país, la mayoría lo hacen a nombre de una iniciativa privada que generalmente es extranjera. Para Álvarez-Buylla esto se debe a una política científica “atomizada que favorece el interés privado. Una política que, de manera indignante, se traduce en apoyo del Conacyt a mineras, a empresas biotecnológicas, cuando no hay apoyo para estudios críticos de epidemiología”.[9]
Los principales problemas científicos del país no pueden ser resueltos por sus propias instituciones. Las universidades mexicanas forman profesionales de las más variadas especialidades; el gobierno los mira después convertirse en mano de obra barata. La incapacidad de las entidades dedicadas a la investigación se ve reflejada en los momentos de crisis como el que México atravesó en septiembre de 2014, cuando desaparecieron cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. Un hecho en el que podrían haber estado involucradas las fuerzas armadas fue encubierto por una “verdad histórica” que aseguraba que el único responsable había sido el crimen organizado. México dependió, en casi todo momento, de instituciones extranjeras para reconocer los restos de los estudiantes y cotejar una y otra versión. “¿Dónde están los institutos públicos de ciencias genómicas o de biología molecular con capacidad técnica para actuar como peritos expertos (en este caso)?”, cuestionaba Álvarez-Buylla frente a la conmoción colectiva, subrayando el vacío que dejó una ciencia que poco a poco abandonó “la búsqueda de la verdad para guiar sus estudios a favor del lucro”. “¿Dónde están sus resultados claros, irrefutables y honestos? ¿Dónde está la verdad con la que debería estar comprometida la ciencia? ¿Por qué nos inventan que en Austria se podría dar una respuesta que debería poderse dar aquí de manera expedita?”.[10] Lo sucedido en la noche de Iguala está aún por esclarecerse; la forma en que el nuevo gobierno se replantee este caso tendrá la capacidad de definirle, para bien o para mal.
La investigadora denunció el impacto que el abandono de la ciencia tiene en los derechos humanos en noviembre de 2014, cuando se llevó a cabo la audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Capítulo México. El TPP es un esfuerzo que lucha contra la impunidad alrededor del mundo y que busca reivindicar el derecho a la memoria. Aunque no es un proceso jurídicamente vinculante, su intención es llevar a la luz pública las grandes violaciones a la dignidad y a la soberanía de la que han sido víctimas distintos pueblos, exigiendo verdad, reparación y justicia. “El Estado mexicano hoy desvía su poder, usando la fuerza con la que cuenta y leyes hechas e interpretadas a modo, en contra del pueblo de México”, sostuvo la bióloga en la audiencia a la que llamó “una cita por un futuro justo y autónomo”. Comparando la ciencia corporativa con un arma de conquista, Álvarez-Buylla alertó sobre su utilización como una “forma de guerra” que “echa mano de tecnologías que se encubren con falsos trajes científicos o verdes”, “que se imponen destruyendo territorios y pueblos enteros” y “que no tienen otra intención que dominar las semillas que son la base de la vida, la agricultura y la alimentación”.
Como lo hiciera manifiesto en la audiencia final del TPP, para Álvarez-Buylla, la amenaza a gran escala es “un modelo global neocolonial que se finca en el despojo de aguas, de tierras, de bosques, de servicios y derechos fundamentales como la educación y la alimentación, del aire incluso, de la vida misma”. A nivel local, este aparato va cancelando la soberanía de los pueblos, valiéndose de saqueos y genocidios para disminuir los costos de la extracción de recursos naturales. La ciencia, los medios de comunicación y las instituciones académicas no están exentas de rendir pleitesía a este modelo. Aquél discurso es uno de sus retratos más fieles: la imagen de una mujer lista para transformar la indignación en acciones y demandas, las heridas colectivas en razones para formar lazos comunitarios. Antes de abandonar el micrófono, Álvarez-Buylla llama a los científicos a ejercer su tarea “como un servicio desde un lugar situado en la sociedad, no en el mercado” y a los artistas que mantienen la esperanza “de un mundo mejor y más justo con la vida” a seguir “enfrascados en la elaboración de esa gran obra de arte que nace cuando resistimos, sin renunciar a la ternura”.
¿Habrá cuarta transformación para la ciencia?
Pocos días después de que AMLO la nombrara en el tercer debate presidencial de este año, Elena Álvarez-Buylla dio a conocer su Plan de reestructuración estratégica del Conacyt para adecuarse al Proyecto Alternativo de Nación. En él se plasmaron los principios rectores de su activismo y su labor como investigadora, proponiendo una nueva política científica “comprometida con la sociedad y el ambiente”. La expectativa inició alta: Álvarez-Buylla planea impulsar un Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) que condicione el flujo de recursos públicos al “respeto irrestricto de un código ético que priorizará la rendición de cuentas y el respecto a los derechos humanos”. La investigadora llama al desarrollo de una ciencia que tenga los mismos objetivos que presumía perseguir el gobierno entrante de López Obrador: la construcción de la paz, la lucha contra la corrupción, el combate a la pobreza y el desarrollo sustentable.
Independientemente de los logros que pueda o no tener, el más grande acierto de Álvarez-Buylla en este periodo previo a la toma de posesión es uno que comparte con los miembros más progresistas del gabinete de López Obrador: el de colocar la crisis de derechos humanos en el centro del discurso. En su Plan de Reestructuración, la bióloga asegura que impulsará aquellas investigaciones enfocadas a entender las dinámicas de la exclusión, el racismo, la violencia de género y la migración, poniendo especial acento en aquellas que elaboren instrumentos orientados a aminorar las graves transgresiones de las que miles de mexicanos y mexicanas son víctimas día con día. Todos los puntos de su Plan son atravesados por la misma perspectiva, consiguiendo así hablar de temas como la salud pública, que históricamente ha sido abordada desde una perspectiva curativa y dependiente de las grandes farmacéuticas, desde una visión preventiva. La investigación médica de la que habla Álvarez-Buylla nos recuerda que lo importante es evitar “el sufrimiento humano” y que éste “generalmente azota inequitativamente a los más pobres”.
Manteniendo en mente que “los modos de hacer ciencia pueden ser distintos y estar influenciados por los contextos económico-políticos, culturales o inclusive ideológicos de los países”, Álvarez-Buylla apuesta por una investigación independiente, ideada específicamente para nuestro país, que persiga el bienestar común y que defienda la justicia social y la soberanía de los pueblos. “Si sólo se favorece ciencia que imita o ‘aplica’ conocimiento generado en otros países, se seguirá fomentando una dependencia científica y tecnológica de México”. El CONAHCYT de la cuarta transformación promete dejar de otorgar recursos a empresas, buscando que sean ellas las que favorezcan el desarrollo tecnológico del país, y privilegiar la calidad sobre la cantidad en la producción de conocimiento. Álvarez-Buylla ha denunciado que, aunque el Sistema Nacional de Investigadores mejora en muchos aspectos las condiciones de vida de las personas que se dedican a hacer ciencia en el país, muchos de sus mecanismos han “dado lugar a prácticas de simulación”. “La mercantilización a ultranza de los procesos de generación de conocimiento y de formación de recursos humanos de alto nivel tiene implicaciones éticas profundas, y en sentido estricto podrían estar destruyendo a la ciencia y a las universidades de raíz”.
En un intento por saldar una de las deudas del Estado mexicano, el Plan de Reestructuración de Álvarez-Buylla asegura que esta administración, a diferencia de la anterior, conseguirá dedicar el prometido uno por ciento del PIB a la ciencia y la tecnología y que volteará la mirada hacia el campo, los pueblos indígenas y sus conocimientos ancestrales. A pesar de surgir de un gremio conocido por excluir cualquier modo de generar saberes que no se adapte a sus dinámicas internas, la investigadora propone un diálogo horizontal con el conocimiento autóctono y con la ciencia campesina milenaria de México. “No hay un programa que integre el conocimiento tradicional y científico, que promueva la solución de la producción suficiente, sana, diversa y sin destruir el ambiente, de los alimentos que México podría producir para nuestro país y para todo el mundo”,[11] se lamenta la investigadora.
“Hay que generar una sociedad del conocimiento apta para los problemas urgentes que tenemos claros muchos mexicanos. Hay una política científica incorrecta: por un lado copia, pero copia mal, copia chiquito las políticas científicas que responden en los países del primer mundo, principalmente en Estados Unidos, a los grandes intereses corporativos”.[12] La de Álvarez-Buylla es una apuesta a largo plazo, un compromiso con las generaciones futuras, pero también con la memoria. Puede que la reconciliación científica sea incluso más difícil que la política; el país carga con quinientos años de ninguneos, de intervenciones y de prácticas colonialistas. Cinco siglos que han destruido, o cuando menos puesto en peligro, los conocimientos de los pueblos indígenas, nuestra alimentación y, más recientemente, nuestras semillas. La tarea de la nueva directora del Conacyt será demostrar que su defensa sí puede llevarse a cabo desde las instituciones.
[1] [2] [3] [9] [11] [12] Entrevista con Bertha Alicia Galindo. Alcanzando el conocimiento. 4 de julio de 2018. https://www.youtube.com/watch?v=9XuAt9Aje1U
[4] Entrevista con Javier Solórzano. Aquí con Javier Solórzano. Once TV. 16 de mayo de 2018. https://www.youtube.com/watch?v=WtwgJU3pxqI&t=247s
[5] [6] [8] Lupa Debates. Serie Cara a Cara. Letras Libres. 19 de abril de 2011. https://www.youtube.com/watch?v=JSL2x8o_4c4
[7] Lira, Ivette. Este Gobierno arrancó cultivos nativos y “sembró” transgénicos: Premio Nacional de Ciencias 2017. Sin Embargo. 2 de junio de 2018. http://www.sinembargo.mx/02-06-2018/3423774
[10] Intervención de María Elena Álvarez-Buylla en la Audiencia Final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México.
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