A casi cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordaron generar en conjunto un mecanismo de asistencia y acompañamiento para la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia.
A través de un comunicado, la Cancillería mexicana informó que el Mecanismo Especial de Cooperación y Asistencia Técnica acompañará a la Comisión creada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de llegar a la verdad del caso, uno de los más emblemáticos en cuanto a la impunidad en México.
“La CIDH notificó al Estado mexicano su decisión de reforzar la cooperación y asistencia técnica sobre el asunto Ayotzinapa por medio de este Mecanismo Especial”, informó la Cancillería.
Apuntan que el Mecanismo dará asistencia técnica a las víctimas, apoyará el desarrollo de capacidades institucionales en derechos humanos en materia de desaparición forzada, búsqueda, investigación, reparación integral y atención a los afectados y sus familias. En este sentido, se conformará un un Grupo de Apoyo Técnico que asesorará las investigaciones.
El Mecanismo se sustenta legalmente en un decreto presidencial en el que se instruyó “crear condiciones materiales, jurídicas y humanas para fortalecer los derechos humanos de las víctimas del caso Ayotzinapa”, de acuerdo con lo que señaló Martha Delgado, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería.
Asimismo, anunciaron que la entrega del informe final del Mecanismo sobre el caso Ayotzinapa se formalizará la próxima semana, en presencia de la titular de la CIDH, Esmeralda Arosemena.
La debacle de la versión oficial
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), perteneciente la CIDH, tiró abajo la versión oficial que dio el gobierno del priista Enrique Peña Nieto sobre las desapariciones de los normalistas, cuando sostuvieron que existían indicios de un homicidio masivo en un basurero de Cocula, Guerrero.
Gracias a una investigación del Equipo Argentino de Antropología Forense, el GIEI tiró abajo la versión que entonces sostuvo el procurador Jesús Murillo Karam. Aseguraron que era imposible que los cuerpos hubieran sido calcinados en el basurero y revelaron que gran parte de los testimonios que validaron esta teoría se obtuvieron a través de torturas.
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