La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) impugnaron la sentencia que ordenaba la creación de una comisión especial de búsqueda de los miembros del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, víctimas de desaparición forzada, además de la comparecencia de todos los funcionarios públicos que hayan podido estar involucrados en los hechos y la investigación y apertura en los cuarteles militares.
Durante una conferencia de prensa realizada el pasado sábado 25 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México, familiares de los desaparecidos, en conjunto con organizaciones sociales, lamentaron que miembros de la actual administración demuestren su falta de voluntad política para llegar al esclarecimiento de los hechos.
Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del PDPR-EPR, también considerados luchadores sociales, desaparecieron el 25 de mayo de 2007, hace ya 12 años, cuando se encontraban en la cercanía del Hotel, El Árbol, en el Centro Histórico de Oaxaca, donde se ejecutaba un operativo conjunto de diferentes instancias de seguridad. Fueron aprehendidos por fuerzas estatales y federales, en tiempos de la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa. A partir de ese momento, ya no se supo más de ellos. El PDPR-EPR, desde sus primeros comunicados, denunció de qué se trataba de un caso de desaparición forzada por motivos políticos.
Familiares de las víctimas sostuvieron que el actual gobierno cuenta con todos los recursos necesarios para determinar a los responsables y para saber dónde están sus desaparecidos, encontrando así la justicia por la que han luchado. Por su parte, Nadin Reyes, coordinadora del Comité “Hasta Encontrarlos” e hija de Edmundo Reyes Amaya, consideró que la impugnación la Sedena y la FGR a la sentencia que ordenaba crear la comisión especial de búsqueda y la apertura de cuarteles militares, demuestra que el actual gobierno únicamente está simulando que está comprometido con los derechos humanos, pero sin demostrarlo en los hechos.
En la conferencia en el Zócalo, Sandino Rivero, asesor jurídico de los familiares de ambos hombres desaparecidos, informó que la FGR presentó ayer el recurso de impugnación del mencionado fallo, en el último día que tenía para hacerlo, lo cual frena por el momento el cumplimiento de la sentencia.
El litigante señaló que el caso muy probablemente será retomado por el mismo Tribunal Colegiado que el 19 de junio de 2014 emitió la sentencia en la cual se le ordenaba a la Sedena, la Policía Federal y el gobierno del estado de Oaxaca, entre otras instanciass, que explicaran el papel que habían jugado en el caso de la desaparición forzada de ambos activistas el entonces gobernador de la entidad, Ulises Ruiz, quien hoy busca la presidencia del Partido Revolucionario Institucional y ha estado vinculado con otros casos de abuso a los Derechos Humanos, como lo ha señalado Flavio Sosa, fundador del PRD en Oaxaca, también víctima de amenazas durante dicha administración.
La Procuraduría General de la República (PGR) realizó en agosto de 2018 una inspección de “búsqueda” en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) por este caso de desaparición forzada; en dichas acciones, determinaron las autoridades, “no hubo hallazgo alguno”.
El representante jurídico externó también que ya se ha solicitado tener mesas de trabajo con los titulares de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero Gobernación, y con el subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, por lo que mantendrán el plantón en el Zócalo hasta que sean atendidos.
