El dueño de la sociedad financiera popular Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, fue detenido ayer en Texas, Estados Unidos. Aunque todavía no se han hecho públicos los delitos por los que se le acusa, anteriormente había sido señalado por orquestar un fraude fiscal a miles de ahorradores por un monto mayor a los seis mil millones de pesos. Desde entonces se mantenía prófugo. Ahora se pretende que sea extraditado a México.
Los interventores en el proceso de concurso mercantil, Fernando González Santillana y Javier Paz Zarza, reiteraron que Olvera fue detenido para ser extraditado a territorio mexicano y responda a las órdenes de aprehensión y procesos judiciales iniciados en su contra en el país.
“Habremos de esperar más información sobre el tiempo y condiciones en que deberá darse cumplimiento a la orden de extradición, así como también la forma que habrá de continuar el proceso iniciado en su contra en la ciudad de Miami, Florida”, dijeron.
En ese sentido, aseguraron que desconocen la situación migratoria con la que Olvera entró a Estados Unidos, así como sus recursos para establecer una defensa jurídica, por lo que el proceso podría llevar algo de tiempo.
El fraude por el que se le ha acusado se descubrió en 2014. Consistió en una serie de triangulaciones y desvíos de recursos para gastos personales, presunción de lavado de dinero, diversos delitos financieros y fraude en contra de más de seis mil 800 ahorradores, que realizó en colusión con socios y directivos principales de la sociedad. Se estima que se trató de una suma de 6 mil 500 millones de pesos triangulados mediante otras de sus empresas.
Desde entonces, autoridades financieras solicitaron a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) órdenes de aprehensión contra al menos 10 personas vinculadas al fraude.
Pese a haber sido arrestado ayer por la mañana en Estados Unidos, poco después un juez federal en la Ciudad de México le otorgó una suspensión definitiva para evitar ser detenido por autoridades mexicanas una vez que sea extraditado. Sin embargo, la Fiscalía General de la República podrá recurrir a un recurso de revisión para evitar la decisión del juez. Para esto, la extradición puede tardar de 30 a 60 días.
En el expediente 210/2019, Luz María Ortega Tlapa, juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió la suspensión definitiva a Amezcua, además que argumentó que carecía de competencia legal para conocer el caso.
“No corresponde a esta autoridad de amparo el conocimiento del acto atribuido a la citada autoridad, pues carece de competencia legal, por cuestión de grado. Por tanto, declina la competencia en favor de un Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, para conocer los actos atribuidos a su homólogo”, señala la versión pública del expediente.
