El abogado de Rosario Robles, Julio Hernández, presentó una demanda de amparo contra cualquier orden de aprehensión que pudiera librar en su contra un juez federal a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), por el caso de “La estafa maestra”.
Luego de que la FGR citara a declarar a la exsecretaria de Desarrollo Social el próximo 8 de agosto, Robles se ha protegido por si llegada la fecha le esperan con alguna especie de “sorpresa”. El recurso interpuesto por su defensa ante el Poder Judicial de la Federación, será turnado a un juez de amparo en las próximas horas.
En la demanda de garantías, la defensa hizo referencia a la presunta violación de los derechos humanos de Robles Berlanga, debido a que no fue por vía de la Fiscalía General de la República que se enteró sobre el requerimiento a declarar, sino que fue por una filtración en los medios de comunicación que supo del proceso en el que se encontraba involucrada.
“Ya se presentó (ese recurso legal), aduciendo diversas violaciones constitucionales y por supuesto, la posibilidad de una orden de detención y por otras violaciones que ya he dado cuenta de ellas, todo esto se alega en el amparo. Presentamos también un recurso de revocación ante el juez de control por la forma en que fue citada Rosario Robles y esto podría dar lugar a la reposición de esa citación para que cumpla con los requisitos legales”, comentó Julio Hernández ante medios de información.
La noche de este lunes, la FGR habría solicitado a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal vincular a la exfuncionaria y citarla para comparecer el 8 de agosto. La exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) comparecerá en audiencia por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Asimismo, la estafa maestra, es una investigación del portal informativo Animal Político en la que se explicó que: “El gobierno federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. Solo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones”, todo esto bajo la gestión de Enrique Peña Nieto.
Asimismo, el trabajo de Animal Político indica “la Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya— son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, no duda en calificar como un fraude millonario”, versa el reportaje.
