Algunas de las 722 cuentas que el gobierno de Enrique Peña Nieto desbloqueó de forma irregular pertenecían a miembros del Cártel de Sinaloa, por lo que la la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública (SFP), reveló el periódico Reforma.
De acuerdo con el medio, las autoridades encontraron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descongeló dichas cuentas seis meses antes de que terminara la administración de Enrique Peña Nieto.
Los hechos se revelan apenas tres días después de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dijo a Aristegui Noticias que se inició una investigación contra Humberto Castillejos, ex Consejero Jurídico del presidente Enrique Peña Nieto, por dirigir un esquema de extorsión para el desbloqueo de cuentas.
Dentro de estas, se encontrarían algunas cuentas del miembros del grupo delictivo, las cuales fueron desbloqueadas seis meses antes de que terminara la administración de Peña Nieto.
Lo anterior quedó consignado en una serie de oficios que fueron firmados por el ex director general de Procesos Legales de la UIF, Mauricio Moreno Balbuena, quien es hijo de Mauricio Moreno Vargas, ex Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
El ex titular de la Unidad, Alberto Bazbaz Sacal, ocupó el cargo de enero de 2013 a enero de 2018. Luego, fue nombrado director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, pero una parte importante de su equipo continuó en la UIF hasta el cierre de la administración de Peña Nieto, período en que se desbloquearon las cuentas tras el cobro de sobornos.
“Se investigan cada uno de los oficios de desbloqueo y devolución de recursos a compañías y particulares, entre ellos los relacionados al narcotráfico”, reporta la nota de Abel Barajas.
Las 722 cuentas desbloqueadas, mencionadas con anterioridad por Santiago Nieto, tenían reportes de lavado de dinero y sin embargo no se denunciaron ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Mientras, señala Reforma, hubo otros casos de cuentas de particulares y empresas que se denunciaron ante el Ministerio Público Federal pero sin que se solicitara su aseguramiento, “medida adicional que por lo regular también pedía la UIF”.
“Las autoridades consultadas no descartaron que las investigaciones se amplíen a otros ex funcionario”, destaca Barajas.
