Mañana será discutido en el Pleno de la Cámara de Diputados que la facturación falsa sea considerada amenaza a la seguridad nacional y como parte del catálogo delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobaron el dictamen con 22 votos a favor, tres en contra y una abstención; mientras que la Comisión de Justicia, lo avaló con once votos a favor, siete en contra y una abstención.
En el dictamen, destaca en la reforma al Código Fiscal de la Federación, una modificación para imponer sanción de dos a nueve años de prisión, al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. La pena anterior era de tres a seis años.
También menciona que se castigará con las mismas penas, al que a sabiendas permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
“Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos; si un funcionario o empleado público comete o en cualquier forma participa en la comisión de un delito fiscal, la pena aplicable por el delito que resulte se aumentará de tres a seis años de prisión”, señalada el dictamen.
Se requerirá querella por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para proceder penalmente por este delito.
Precisa en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que considera el delito de contrabando y su equiparable a quien introduzca al país o extraiga de él mercancías omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse, sin permiso de autoridad competente, cuando sea necesario este requisito, incluyendo la importación o exportación prohibida.
En lo relativo a la defraudación fiscal, quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Además, los supuestos de defraudación fiscal equiparada que consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos.
Se sancionará cuando el monto de lo defraudado supere tres veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que contempla una prisión de tres a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de 2 millones 601 mil 410 pesos.
El diputado Benjamín Saúl Huerta Corona (Morena) dijo que la reforma sentará las bases para sancionar no sólo en materia administrativa a quienes simulen actos, sino en el rubro penal. “Los delitos fiscales deben encontrar su límite por medio de la prisión preventiva, de manera que expedir comprobantes no sea una forma de generar ingresos para personas que no tributan”.
En la modificación a la Ley de Seguridad Nacional se reformaron las fracciones relacionadas a actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia; por destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos y cometer ilícitos en contra del fisco federal.
“Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, el contrabando y su equiparable; defraudación fiscal y su equiparable, cuando el monto de lo defraudado supere tres veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación”, dice el documento.
Carlos Alberto Valenzuela González, diputado del PAN, dijo que en la reforma “va la aprehensión de empresarios, no sólo los que sean factureros”. Afirmó estar a favor de combatir a las empresas fantasma, pero estimó que corre peligro cualquier empresario y que alguien con dolo le siembre una factura falsa. Agregó: si se aplica esta “Ley Garrote”, esta ley de terrorismo fiscal, los empresarios sabrán quiénes fueron los verdugos”.
