Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración dio a conocer hace un par de semanas que el desplazamiento forzado interno supera a las 300 mil personas.
De acuerdo con datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, hacia finales del año pasado 350 mil 200 personas presentaron solicitudes de asilo o se encontraban refugiadas en la zona. Este número ha aumentado durante 2019.
En la inauguración de la II Reunión Anual del Marco Integral para la Protección y Soluciones el pasado 9 de noviembre, que este año tiene a México como presidente, Encinas aseguró que esta es una oportunidad para identificar y crear soluciones integrales para atender el problema del desplazamiento forzado y sus causas.
“Hay que señalar cómo en estos momentos en nuestro país tenemos la cifra más alta de solicitudes de refugio en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, donde al 31 de octubre, tenemos acreditadas 62 mil 300 solicitudes de refugio en nuestro país”, declaró.
El Marco Integral para la Protección y Soluciones está integrado por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá.
Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el desplazamiento interno forzado es una violación a los derechos humanos que se presenta cuando personas o grupos de personas huyen de su hogar o lugar de residencia habitual hacia otra colonia de su mismo municipio, hacia otro municipio de su estado o hacia otro estado del país para evitar o después de haber sido víctimas de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado, de violaciones a los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano.
Asimismo, dicha asociación añade que además de ser una violación autónoma de derechos humanos, el desplazamiento interno forzado representa una violación compleja, debido a la vulneración agravada a múltiples derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales u otros derechos humanos; asimismo, se trata de una violación continua y sostenida, cuya condición de vulnerabilidad de quienes lo sufren perdura hasta que logran una solución duradera, es decir, un retorno o reasentamiento asistido y en condiciones dignas y seguras.
Según el Informe del Observatorio de Desplazamiento Interno 2019 (IDMC, por sus siglas en inglés) del Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés), el desplazamiento interno en México es producto de la delincuencia, la extorsión, los desastres naturales y la corrupción, lo cual genera que cientos de miles de personas abandonen su lugar de origen.
La violencia criminal continúa generando nuevos desplazamientos en el Triángulo Norte de Centroamérica, que implica a los países de Honduras, Guatemala y El Salvador; la violencia vinculada al tráfico de drogas también ocasionó 11 mil nuevos desplazamientos en México, un número similar a los que provocó el huracán Willa que en octubre de 2018 azotó las costas del suroeste mexicano. Según el informe, algunas de las ciudades donde más se presenta este tipo de desplazamiento forzado por la violencia son Ciudad Juárez, Culiacán y Tijuana.
En el caso del sur del país, el estado de Guerrero es el que, según el IDMC, más padece el desplazamiento debido a la extorsión y delincuencia a la cual se encuentra expuesta la población.
Según Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), ha realizado un conteo aproximado que de enero a diciembre de 2018 se registraron un total de 11.491 personas afectadas por el desplazamiento interno forzado masivo. Éstos casos ocurrieron en 5 estados, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, 20 municipios y 52 localidades.
Asimismo, la CMDPDH, señala que en Reynosa, Tamaulipas, por ejemplo, más de 40 familias se han visto obligadas a desplazarse por el miedo ante la inseguridad; asimismo, algunos poblados como Bavispe, Sonora, entre otros del norte, se han convertido en “pueblos fantasma”, a causa de la violencia que orilla a la migración forzada.
Hubo 28 millones de nuevos desplazamientos asociados con conflictos y desastres en 148 países y territorios en 2018. Referente a México, la NRC indica los desplazamientos anteriormente señalados por la violencia pero además, otros 20 mil causados por desastres naturales.
Un punto más que el IDMC señala para el caso mexicano es la corrupción generalizada que en años como 2017, la cual se vincula al desplazamiento de miles de personas provocado por el terremoto del 19 de septiembre: “la Ciudad de México, por ejemplo, tiene estrictas normas de construcción, pero la corrupción dificulta el compromiso de cumplimiento. Esto puede tener graves consecuencias, como se observó en el terremoto de 2017 cuando muchos de los edificios que no cumplían con el código de construcción se derrumbaron. El proceso de reconstrucción también fue asolado por la falta de transparencia”. Además, se indica que en el futuro, la mayor parte del desplazamiento interno se dará desde zonas urbanas.
En total, el informe estima que son unos 338 mil desplazados al interior de México que se suman por la persecución política, conflictos por la tenencia de la tierra, el crimen organizado y los desastres naturales, lo cual se acerca mucho a las cifras señaladas por Alejandro Encinas.
Es por lo anterior que José Antonio Guevara Bermúdez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aseguró para A Barlovento Informa que urge la creación de mecanismos para contabilizar a las personas que sufren las diferentes etapas del desplazamiento forzado interno, además de la importancia de atender las causas y dar seguimiento a los procesos de las victimas para que puedan reinsertarse a la vida social.
El pasado 10 de abril, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones al Código Penal Federal para castigar hasta con 12 años de prisión a quienes causen desplazamiento forzado interno en nuestro país, sanción que puede aumentar cuando el delito se cometa contra infantes, adolescentes, defensores de derechos humanos y periodistas.
Lo aprobado en San Lázaro durante el primer periodo ordinario de sesiones de 2019 explica que: “Comete el delito de desplazamiento forzado interno quien, de manera individual o colectiva, mediante violencia o cualquier otro medio o acto coactivo realizado contra una persona o grupo de personas, ocasiones que abandone su lugar de residencia”.
