En caso de que los gobiernos estatales no aprueban legislaciones similares a nivel local, la Ley de Amnistía, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, podría quedar en letra muerta.
Y es que, de acuerdo la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el hecho de que se avale por parte de las legislaciones locales es un punto clave para favorecer, por ejemplo, a las mujeres que fueron procesadas por haber abortado.
No obstante, en el marco de la Reunión del Grupo Interinstitucional de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), la funcionaria aclaró que las entidades federativas no tienen la obligación de emitir sus leyes de amnistía
“Yo tengo un mandato de promover, eso no quiere decir imponer, si algún estado no quisiera expedir la Ley de Amnistía es su soberanía y autonomía, pero yo estaré muy pendiente de ese mandato transitorio”, dijo.
Ya en la ENAPEA, Sánchez Cordero leyó 10 compromisos del gobierno federal en torno a este tema, entre los que destacó el de garantizar interrupción legal del embarazo.
En ese sentido, puntualizó que el acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo, bajo los criterios de la Norma 046, debe ser un compromiso del Estado.
