El Gobierno de México busca reimpulsar un Registro Biométrico para todos los mexicanos con el fin evitar el robo de identidad propósito que ya se ha tenido varios proyectos fracasados en los pasados sexenios.
De acuerdo con el diario El Universal, existe un informe clasificado como reservado hasta el 29 de octubre de 2024, mediante la Secretaría de Gobernación analiza adquirir licencias de un software especializado para recabar datos biométricos y lograr el almacenamiento de información. .
La dependencia federal estima que con los equipos solicitados, cuyo costo asciende a 600.7 millones de pesos, en el primer año puede obtener las identidades biométricas de 50 millones de mexicanos; en el segundo, 30 millones, y en el tercero, otros 20 millones.
La SEGOB reconoce las debilidades del sistema que acredita fehacientemente la identidad de las personas, por lo que planea que se vincularán la Clave Única de Registro de Población (CURP) para conformar la base definitiva del Registro Nacional de Población (Renapo), pues “la identidad de al menos 117 millones de mexicanos que no tienen registro biométrico está en riesgo todos los días del año, en cualquier lugar y bajo las situaciones menos sospechadas”.
El diario indica que el robo de identidad, es el problema que se manifiesta sobre todo en el sector financiero, así como la duplicidad y los padrones falsos de programas sociales, obligan al gobierno a considerar contar con la información biométrica de huellas digitales, rostro e iris de todos los mexicanos.
En sus argumentos, la Segob señala que, hasta ahora, el Estado mexicano “nunca ha podido atender y hacer cumplir la ley, por lo que no ha podido brindarle a toda su población la certeza mínima y necesaria de que no le roben lo más importante que tiene después de la vida: su propia identidad”.
El Universal indica que se dispone de información con “calidad deficiente por fallas en la captura, desactualización de las bases de datos, multiplicidad de errores de registros y carencia de uniformidad en la captación de datos por parte de las entidades registradoras”.
Además, se detecta que México tiene una la falta de políticas y procesos estandarizados y homologados para la captación, por lo que frecuentemente se encuentran documentos con errores de origen o en la asignación de la CURP, malas prácticas en el tema registral y resistencia de ciertas dependencias a compartir información.
Asimismo, se enfrenta la falta de herramientas tecnológicas de validación de registro de personas, porque se trabaja con tecnologías obsoletas e inadecuadas.
