Una juez otorgó a la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, la suspensión provisional de la creación de la nueva norma de etiquetado de alimentos y bebidas; sin embargo, el Gobierno Federal ya impugnó la decisión.
“La juez analizará si el proceso de modificación de la norma se llevó a cabo conforme a derecho”, indicó el organismo empresarial que había advertido sobre acciones legales en contra de la norma aprobada el 24 de enero por las secretarías de Economía, de Salud y la Cofepris.
El gobierno federal impugnó la suspensión provisional que el Poder Judicial concedió a las modificaciones del etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas no alcohólicas.
En comunicado este domingo por la noche, la Secretaría de Economía informó en conjunto con la Secretaría de Salud y Cofepris justifica que la modificación cumple con la reforma a la Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación por el Ejecutivo Federal el 8 de noviembre de 2019.
“El nuevo etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas advertirá de manera veraz, clara, rápida y simple sobre el exceso de azúcar, grasas y sodio, así como de contenido energético en un producto”, sostiene la dependencia”.
Asimismo, las dependencias explicaron que “se aclara que la suspensión provisional decretada en nada prejuzga sobre la legalidad del proceso de normalización”.
Ante lo anterior, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó a través de un comunicado que la decisión de la juez al suspender la norma de forma provisional, muestra que existen “dudas razonables sobre la transparencia y legalidad del proceso de discusión y aprobación de la norma, tal y como desde el pasado 24 de enero el sector privado mexicano lo manifestó”.
“Creemos que la norma aprobada, no permitiría a los consumidores tener la información adecuada para tomar las mejores decisiones para su alimentación”, señala en el comunicado el CCE.
Con esta suspensión, el CCE ve una nueva oportunidad “para continuar diálogo abierto, propositivo e incluyente con las autoridades, los expertos y la sociedad en general”, y así crear un etiquetado que garantice la veracidad de la información nutrimental de los alimentos y bebidas.
En octubre, el Senado aprobó la nueva norma, que obliga a las empresas a incluir un etiquetado frontal más informativo en el que adviertan del alto contenido de sodio, azúcares y grasas. El objetivo de esta reforma es que los consumidores tomen decisiones informadas respecto a su alimentación con base en etiquetados claros y sencillos de entender.
Al respecto el pasado 24 de enero, la iniciativa privada señaló que pese a ser la consulta pública con mayor participación en la historia del país, las autoridades responsables del proceso de normalización no tomaron en cuenta la información técnica propuesta por los productores del campo, pequeños y medianos empresarios, asociaciones de pacientes, nutriólogos y profesionales de la salud, la Comisión Federal de Competencia Económica, los gobiernos y productores de socios comerciales internacionales, además de especialistas en propiedad intelectual, entre otros.
Asimismo, Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) aseguró que lo resuelto en la NOM fue “una imposición tremenda”, sobre todo cuando los industriales han estado abiertos al diálogo, por lo que la calificó de “rudeza innecesaria”.
Agregó que de nada sirvieron los “largos encuentros” ya que al final se aprobara tal como se había diseñado esta medida, la cual afectará a muchos sectores, sobre todo a la agroindustria, es decir, “a los productores del campo, pues los productos que se procesan vienen del campo”.
