El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Semarnat investigarán que no exista conflicto de interés entre la empresa Enerall y Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, en relación a la explotación de agua subterránea en la península de Yucatán.
Desde Palacio Nacional sentenció que “no habrá impunidad”, y aclaró que Alfonso Romo, ya no pertenece a la compañía.
“Tiene que investigar la Secretaría del Medio Ambiente y no hay impunidad. Aquí lo que puedo decirles es que cuando Alfonso Romo y otros servidores públicos entran al gobierno no pueden tener vinculo con otras empresas. No hay vinculo de conflicto de intereses… lo que sé es que él ya no es miembro… yo confirmo de que ahora hemos avanzado tanto de que hay un buen escrutinio público, lo que no hacían los otros medios antes”, resaltó el mandatario.
El titular del Ejecutivo federal reiteró que Romo ya no es miembro de esa empresa y que la obligación de su gobierno es investigar lo que está ocurriendo, puesto que ellos no son como los otros gobiernos.
“Hay un buen escrutinio publico y esto me ayuda a terminar de convencer a Alfonso Romo de la actitud de los conservadores, que sienta el rigor, es con todo cariño y respeto un ‘toma para que aprenda'”, explicó.
Expresó que a los conservadores les “da mucho coraje” que su Administración tenga aliados y apoyo de gente como Alfonso Romo, por lo que organizan reportajes e investigaciones para golpear a las figuras políticas que le apoyan. “Les da mucho coraje a los conservadores que un empresario nos apoye”, afirmó.
De acuerdo a la plataforma Connectas, una organización que apoya a periodistas para realizar investigaciones, publicó el reportaje Un cacique del agua en el paraíso maya, elaborado por los periodistas Janet Cacelín, Alejandro Melgoza y Sergio Rincón.
En dicha investigación se documenta cómo en 2007 la empresa Enerall, fundada por Romo, realizó un megaproyecto tecnológico que obtuvo todos los permisos para explotar la mayor cantidad de agua subterránea para uso agrícola en la Península de Yucatán.
“Esta compañía biotecnológica se sirve del acuífero con la reserva más importante del país, pero cuya disponibilidad media anual ha bajado 43%. Durante su expansión ha afectado la vegetación y fauna sin que se conozca cómo cumple las medidas de mitigación ambiental”, se explica en el reportaje.
Debido al daño ambiental, la Profepa comenzó a investigar la situación y además de la explotación del agua, los inspectores encontraron un cenote de 5,500 metros cuadrados que fue tapado con tierra, rocas y despalme; convertido en solo fango.
Pese a esos hallazgos, la Profepa no remitió el caso al Ministerio Público para que investigara si los hechos habían configurado un delito ambiental.
Según la investigación, aunque la empresa ya no es dirigida por Romo, su familia sigue en ella e incluso los trabajadores de la empresa han denunciado explotación y malos tratos, por lo que piden una urgente revisión e incluso la revocación de las licitaciones.
