La ex auditora Muna Dora Buchahin, expusó que Víctor Andrade Martínez, quien ha desempeñado el cargo desde el 2009 como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación, ha entorpecido las denuncias presentadas a la entonces Procuraduría General de la República, en los casos relacionados con el desvíos de recursos públicos con un monto de 7 mil 700 millones de pesos que involucran a la Sedatu, Sedesol y universidades públicas, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF, es la encargada de dar el seguimiento correspondiente a las denuncias por irregularidades detectadas en las auditorias que son interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR), asimismo si las entidades públicas no reintegran los recursos públicos observados o no aportan la documentación comprobatoria, la Auditoría está dotada de suponer que ha habido un daño al erario público federal, y por ende promover la aplicación de sanciones administrativas a los funcionarios públicos y de presentar denuncias penales de encontrarse evidencia de conductas dolosas o que permitan la presunción de un delito.
Ante esto Víctor Andrade Martínez, ha desempeñado un uso indebido de sus funciones, principalmente por la falta de cuidado y atención que se les dio a las denuncias originadas del periodo desde el 11 de diciembre del 2012 hasta el 20 de febrero del 2020.
De las cuales han sido presentadas 825 denuncias penales derivadas de las auditorías realizadas en el último tramo del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y el sexenio de Enrique Peña Nieto, correspondientes a la Cuenta Pública de 2011 a la del 2018. Dichas denuncias, son principalmente contra la Secretaría de Agricultura (entonces Sagarpa), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entre otras Secretarías de Estado, gobiernos estatales y municipales, de las cuales solo cinco han terminado en alguna sanción, de acuerdo con la información obtenida de la ASF.
En este sentido Muna Dora Buchahin, despedida en mayo de 2018 mientras se realizaban auditorias por presuntas irregularidades por 7 mil 700 millones de pesos relacionadas con funcionarios de Sedesol, Sedatu y universidades públicas, argumentó que el funcionario, se negaba a presentar las denuncias aún cuando había evidencias del desvío y peculado, obstaculizando el seguimiento adecuado ante las instancias correspondientes pues “argumentaba que había que dar tiempo para que se solventarán cuando eran insolventables. El no hacer nada también es corrupción” refirió la funcionaria.
“Encubrió a todos los que podía. Estuvo obstaculizando que Rosario Robles (ex titular de la Sedatu) fuera citada por las denuncias derivadas de las auditorías, tras aparecer los informes sin nombres para relacionar. Él permitió eso siendo abogado y representante de una Unidad Jurídica de una institución que se suponía autónoma, ética y cuidadosa de su actuación técnica”, expuso.
De igual manera la ex funcionaria comentó “No tengo ni la menor idea de qué hace ahí, pero pienso que forma parte del coto de poder que existe ahí, del sistema viejo de complicidad”.
Es importante resaltar que Víctor Andrade, es hermano de Virgilio Andrade Martínez, quien fungió como Secretario de la Función Pública durante la administración peñista, y además es amigo de Luis Videgaray antiguo Secretario de Hacienda del mismo gobierno. Asimismo Virgilio Andrade Palacios, quien es su padre, “defendió al líder petrolero Carlos Romero Deschamps durante el escándalo de desvío de recursos de Petróleos Mexicanos al PRI y también es el asesor de Ana Paula Gérard, esposa de Carlos Salinas de Gortari.
“Víctor Andrade era cercano al anterior partido porque el hermano ex Secretario de Función Pública Virgilio Andrade, llegaba a la Auditoría y luego él iba a verlo a la Función Pública. Vaya conflicto de interés, cómo era posible que vieran las cosas entre ellos”, aseguró Buchahin.
Por otra parte, la ex Auditora recriminó que la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados es la responsable de vigilar la actuación de la ASF, pero no se ha pronunciado sobre las denuncias de los actos dentro del órgano fiscalizador. “Están siendo cómplices”, afirmó sobre la Comisión titulada por el Diputado Mario Rodríguez Carrillo.
