El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que el Acuerdo de Política de Confiabilidad, que decreto la Secretaría de Energía, atenta contra la legalidad, certeza jurídica y libre competencia económica del sector energético del país.
En contexto, el viernes pasado la Secretaría de Energía (SE), publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, la cual según el sector privado representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México.
“Representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares”, señaló el CCE.
Por lo que hicieron un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que investiguen y esclarezcan las circunstancias supuestamente irregulares en las que se publicó dicho Acuerdo, y por la que el titular de la Conamer, César Emiliano Hernández Ochoa, presentó su renuncia el mismo viernes por la tarde.
Ante esto el CCE pidió “revocarlo de forma inmediata y a detener esta destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa de la Secretaría de Energía”, pues de acuerdo con este sector “se atropellan los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico nacional”,
Por ello el asunto llegará a los tribunales nacionales e internacionales para exigir el cumplimiento de los contratos ya establecidos, señalaron la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) y la Confederación Patronal de México (Coparmex).
Por su parte, Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin, expuso que: “Al otorgar facultades extralegales a la Comisión Federal de Electricidad para la planeación y operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), significa una plena vulneración del Estado de Derecho y el probable abuso de autoridad por parte de la SENER”.
“Ahuyentará importantes inversiones en el país, al tiempo que ocasionará que los interesados acudan a tribunales nacionales e internacionales para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado Mexicano”, indicó.
