La senadora de Morena, Martha Lucía Mícher Camarera, se posicionó ante el Senado de la República sobre ls violencia que impera en el Estado de Guanajuato, luego de que en febrero pasado, ella misma sufriera del acoso de las autoridades en dicho Estado.
“El problema de la violencia y la inseguridad en Guanajuato empezó sin que, aparentemente, el exgobernador Miguel Márquez lo supiera y se ha reproducido de forma dantesca, sin que el actual gobernador Diego Sinhue la enfrente. Lo que ocurrió recientemente en el Centro de Rehabilitación de Guanajuato, con 26 personas asesinadas, no se olvida con sólo la aprehensión de unas cuantas personas de baja escala”, aseguró la legisladora.
En el último decenio, explicó la senadora, “aumentó en siete veces la tasa de homicidios, el doble de la tasa nacional. Los índices de impunidad en la entidad han registrado un aumento alarmante particularmente entre los años 2016 al 2019, ya que, según el Índice de Impunidad Global, para el año 2018, Guanajuato ha alcanzado indicadores que la ubicaban en un alto índice de impunidad”.
Según esa misma investigación, dijo, “el estado mostraba en el 2019 un incremento considerable de posibles delitos con respecto al año anterior, destacando que únicamente el 2.08% de los posibles delitos cometidos acababan en una sentencia condenatoria, lo que nos arroja la alarmante cifra de impunidad que ronda el 98% del total de delitos que se cometen en la entidad”, e incluso cuestionó: “¿Eso también es responsabilidad del gobierno federal?”
“Los feminicidios y las desapariciones no preocupan a las autoridades estatales, se han vuelto normales, haciéndose realidad el temor de Hanna Arendt: el mal se ha banalizado”, dijo.
Y añadió: “La violencia homicida que ha segado muchas vidas en la entidad ocurre bajo un pesado tutelaje y poder paralelo que ejercen el fiscal Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca, secretario de seguridad pública, sobre el poder ejecutivo estatal. En los hechos ambos conforman una guardia pretoriana de la que el gobernador Diego Sinhue es rehén y cómplice”.
El martes 18 de febrero, José Gutiérrez, fundador del “Movimiento Estatal de Víctimas Sembrando Comunidad”, fuese amenazado de muerte por su lucha en la búsqueda de desaparecidos en Guanajuato. Asimismo, la senadora Martha Lucía Mícher Camarena fue acosada por las autoridades en una visita sl estado precisamente para reunirse con familiares de víctimas.
La morenista dijo que el hecho ocurrió durante una reunión privada que mantenía con las 17 personas que estaban siendo procesadas por terrorismo en Cuerámaro, así como con familiares de las cuatro jóvenes atropelladas y asesinadas en aquel municipio.
Micher Camarena narró entonces que durante una reunión en febrero en el Salón La Carretera, tanto elementos de las FSPE como de la policía municipal de Cuerámaro intentaron ingresar a la reunión, por lo anterior, denunció en redes sociales el acoso del que dijo también han sido víctimas familiares tanto de las jóvenes asesinadas como de las 17 personas que estaban siendo procesadas por el delito de terrorismo tras protestar por la liberación del joven que atropelló a las menores.
En tanto hoy, desde la Cámara Alta, Mícher Camarena indicó: “No podemos fingir amnesia frente a los dichos del PAN a lo largo de los últimos años. Cuando era claro que el estado era consumido por la violencia de los cárteles, el entonces gobernador Miguel Márquez regañaba a reporteros y corresponsales pidiendo que dejaran de decir que Guanajuato era violento”.
En adhesión, Mícher Camarera puntualizó que cuando “Guanajuato empezó a figurar en los primeros lugares a nivel nacional en la comisión de homicidios dolosos, el panismo guanajuatense señaló que era culpa de la “puerta giratoria” que había en la legislación y que provocaba que las personas detenidas salieran en libertad”.
Mencionó también que “cuando la legislación cambió acusaron al deficiente equipamiento y preparación de las policías municipales, en donde las 4 principales ciudades del estado eran gobernadas precisamente por alcaldes de su propio partido, por el PAN. Después culparon a la federación por tener pocos efectivos en el estado”.
“Cuando llegaron más elementos del ejército y la guardia nacional, la culpa la tuvieron las empresas dedicadas al blanqueo de capitales que seguían abasteciendo a los cárteles de los recursos para su operación. Cuando la unidad de inteligencia financiera puso mano a la obra la culpa la tiene ahora…el gobierno federal por politizar el problema de la seguridad” sentenció y dijo que es claro que el gobernador de Guanajuato ya no sabe para donde voltear para sentirse inocente.
“Hoy hay más pobres en Guanajuato que hace más de diez años. No se ha sabido atender a la población, reducir la pobreza, cerrar los caminos para la cooptación de jóvenes por los grupos criminales, reducir la impunidad, detener a los responsables y combatir decididamente a los grupos criminales que desde hace muchos años ejercen el verdadero gobierno en Guanajuato. Sólo con una mirada torcida puede hablar de un Guanajuato exitoso”, exclamó.
El pueblo de Guanajuato vive, dijo, el momento más violento de su historia y los diputados y diputadas panistas, en recientes comparecencias de los responsables de la justicia, de la seguridad, no los tocan ni con el pétalo de una crítica. Y por el contrario los felicitan y rinden homenaje por su “excelente desempeño”.
La morenista añadió además: “Quizá la incomprensible e irracional confianza del PAN se encuentre en su voto duro, pero debo recordarles que la ciudadanía guanajuatense tiene muy claros a los responsables y los está mostrando con la pronunciada caída de los niveles de aprobación de su gobierno”.
Por lo antes expuesto, la senadora exijió, en nombre de la ciudadanía guanajuatense, que el Gobierno Estatal acepte la mano del Gobierno Federal para la consecución de la paz en Guanajuato.
“No podemos cerrar los ojos y tratar de convertir los fracasos en los operativos policiales, en triunfos mediáticos. No podemos continuar negando la existencia de narcofosas y narcoterrorismo. No podemos seguir encubriendo a funcionarios coludidos con el crimen organizado. Ya no podemos negar la existencia de hogares fracturados o incompletos producto de los delitos de secuestro y desaparición de personas cometidas por bandas criminales o incluso por fuerzas de seguridad pública estatales”, concluyó.
