El senador morenista, Armando Guadiana busca desaparecer la CNDH, para en su lugar crear un nuevo Consejo Nacional de Derechos Humanos .

Esta nueva propuesta legislativa requiere reformas a los artículos 41, 102 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo con la información expuesta por el senador en redes sociales, dicha institución tendría facultades de “prevención, investigación, defensa, sanción y reparación de daños”.

Esta nueva dependencia estaría conformada por 7 consejeros, los cuales podrían estar en el cargo únicamente 10 años, sin posibilidad de reelección.

Estos funcionarios serían elegidos por los tres poderes de la Unión: es decir, la Cámara de Senadores y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrían poder de escoger a dos funcionarios cada uno respectivamente; y uno más sería designado por parte del presidente de la República.

Guadiana propone que el presidente de dicha institución dure cuatro años, y sea elegido por el pleno del Consejo

Cabe señalar que la CNDH cuenta con un muy buen presupuesto asignado en comparación con otros países; sin embargo, dicha institución ha carecido de credibilidad y de importancia en los últimos años debido a que en muchos casos importantes que han sucedido en México, esta Comisión ha tenido una insignificante o lenta aportación.

Un claro ejemplo de ello, es la participación que tuvo la CNDH en el crimen de Ayotzinapa, en este caso donde 43 normalistas fueron desaparecidos en el año 2014, las autoridades de dicha Comisión en primera instancia no tuvieron un acercamiento rápido y significativo con las familias de las víctimas.

Además, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, la CNDH del sexenio pasado nunca salió a desmentir “la verdad histórica” del caso de Ayotzinapa, cuyo relato carece de veracidad.

La “verdad histórica” en este caso refiere a una declaración que realizó el entonces procurador General de la República en el 2015, Jesús Murillo Karam, en donde aseguró que los 43 normalistas fueron asesinados, incinerados y posteriormente sus restos fueron aventados al río San Juan en Guerrero, por integrantes del grupo Guerreros Unidos.

Esta historia recientemente fue sepultada por las nuevas investigaciones que realizó el gobierno actual encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

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