La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia decidió imponer detención domiciliaria contra el expresidente y actual senador Álvaro Uribe por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. Es por un caso que se sigue contra el exmandatario por supuesta manipulación de testigos. Uribe siempre ha negado los cargos.
“La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”, escribió Uribe en su cuenta de Twitter.
La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 4, 2020
Uribe, expresidente de la República entre 2002 y 2010, no solo fue el primer mandatario en servir dos períodos consecutivos en el primer cargo de Colombia, sino que se encargó de poner en su remplazo a su sucesor, Juan Manuel Santos, hoy uno de sus más grandes rivales políticos, y de ser la pieza clave en el ascenso del actual presidente Iván Duque, su pupilo durante sus primeros años en el Senado, donde todavía sirve como legislador.
Precisamente su actual cargo de senador es una de las razones por las que está en problemas con la justicia, ya que, al ser elegido parlamentario en 2014, perdió su fuero presidencial y sus actos quedaron bajo la tutela de la Corte Suprema de Justicia, máximo órgano de la jurisdicción ordinaria en Colombia.
Precisamente su actual cargo de senador es una de las razones por las que está en problemas con la justicia, ya que, al ser elegido parlamentario en 2014, perdió su fuero presidencial y sus actos quedaron bajo la tutela de la Corte Suprema de Justicia, máximo órgano de la jurisdicción ordinaria en Colombia.
En concreto el Supremo colombiano investiga a Uribe por dos delitos, fraude procesal y soborno, en el marco de un caso de manipulación de testigos cuyos hechos se remontan a septiembre de 2014 y paradójicamente provienen de una solicitud que el mismo Uribe hizo al alto tribunal para que abriera la investigación.
Todo sucedió después de un debate en el Senado que organizó Iván Cepeda, parlamentario del Polo Democrático, el partido de izquierda más grande de Colombia, quien es un férreo contradictor de Uribe. En dicho debate Cepeda trató de establecer un vínculo entre el expresidente y el surgimiento del paramilitarismo en Antioquia, además de afirmar que Uribe era una ficha clave para entender el auge del narcotráfico en el país.
Para eso presentó una serie de testimonios de exparamilitares, uno en especial, Juan Guillermo Monsalve, era el mayordomo de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe, quien testificó que en ese lugar y con el conocimiento de Álvaro Uribe, entonces Gobernador de Antioquia, se había fundado el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la organización paramilitar más grande del país.
Uribe calificó ese testimonio como falso y le pidió a la Corte Suprema que investigara a Cepeda por manipulación de testigos. Durante ese proceso el Supremo encontró que no había razones para seguir investigando al senador de izquierda y por el contrario sí las había para hacerlo contra Uribe, quien presuntamente sí habría incurrido en prácticas que buscaban por medio de sobornos cambiar los testimonios que Cepeda había presentado en dichos debates.
En las investigaciones del caso el Supremo también investiga al abogado Diego Cadena, quien hacía parte de la defensa de Uribe, y sobre el cual se tiene una serie de interceptaciones en las que se demostrarían los presuntos sobornos a Monsalve y otros exparamilitares para que cambiaran su testimonio y exculparan al expresidente además de señalar que el senador Cepeda los había comprado para incriminar a su contradictor.
Con información de CNN e Infobae.
