Como parte de la serie “Perspectivas sobre el Tren Maya”, presentamos una entrevista realizada a Daniel Fajardo Ortiz, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Sedatu), tras la publicación del Programa Regional de Ordenamiento Territorial en la Región del Tren Maya.
De acuerdo con el informe presentado por la dependencia, en coordinación con el Fondo Nacional del Turismo (Fonatur) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el programa es un instrumento que busca promover un modelo de ordenamiento sustentable, que armonice el ordenamiento ecológico con el desarrollo de los asentamientos humanos urbanos y rurales.
Asimismo, las dependencias expusieron que para concretar este programa se mantendrá un diálogo con las comunidades que serán impactadas por el proyecto del Tren Maya, las cuales componen “una región de suma importancia que debe de ser cuidada porque contiene las recargas acuíferas más grandes del país”.
A lo largo de la conversación, Fajardo Ortiz precisó que las labores de diálogo con las comunidades son, fundamentalmente, parte del programa de Fonatur, mientras que desde la Sedatu se buscará que los asentamientos urbanos y cualquier otro tipo de construcción no impacte los recursos naturales de forma negativa.
Cabe recordar que las voces que se oponen al proyecto del Tren Maya han criticado que los procesos previos a la aprobación del Tren — es decir, la consulta y las asambleas informativas—, no tuvieron información científica pertinente ni los niveles de participación deseados, en tanto se ponderaron únicamente los impactos positivos del Tren. Esto coincidió con el informe que publicó la ONU-DH el 19 de diciembre de 2019, titulado: “El proceso de consulta indígena sobre el Tren Maya no ha cumplido con todos los estándares internacionales de derechos humanos en la materia”.
Según la Secretaría de Gobernación (Segob), el ejercicio de consulta del Tren Maya fue un éxito que contó con la participación de 100 mil 940 personas en 84 municipios. Sin embargo, los padrones electorales de dichos municipios suman un registro de 3 millones 526 mil personas, como consignan las cifras del Instituto Nacional Electoral (INE) del 2019. Esto, en contraste con la información oficial, determinaría que se trató de un porcentaje escaso de participación, es decir, del 2.86%.
Por otro lado, las voces a favor aseguran que el Tren traerá desarrollo a las comunidades más pobres del sureste, lo que se traduce en que habrá educación, salud y mejoras en la economía y el desplazamiento. Desde las instituciones y los activistas en favor del Tren, se sostiene la versión de que las comunidades participan de forma activa en el proyecto, y que se escuchan sus cuestionamientos y necesidades.
De acuerdo con un informe de ONU-Hábitat, el proyecto del Tren Maya evitará la pobreza de al menos 1.1 millones de habitantes en la región; además, “de cada cien personas con un empleo, 46 pertenecerán a pueblos originarios”.
Subsecretario, en torno al Programa Regional de Ordenamiento Territorial en la Región del Tren Maya, que publicaron recientemente: ¿de qué manera se vincula la sustentabilidad con los asentamientos humanos, un tema complejo a lo largo de la historia? A su vez, ¿cómo conjugar lo rural y urbano, cuyas cosmogonías parten desde preceptos existenciales diferentes?
Lo primero que puedo comentar es que lo que estamos haciendo nosotros (con el Programa Regional de Ordenamiento) no se ha hecho antes: es una nueva visión que conjunta la planeación integral del territorio, incluyendo lo urbano y lo rural; por eso los asentamientos urbanos, pero también incluye el contorno de lo rural y un fuerte componente que estaremos realizando, que es ambiental y de gestión de riesgos. Es entonces una metodología integrada, y actualmente trabajamos en su definición.
¿De dónde viene la idea de unificar en un mismo modelo estos aspectos?
El concepto proviene de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; es un concepto amplio, que se encuentra inmerso en lo que ahora estamos trabajando. Me refiero a la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT, como la llamamos) que considera el ordenamiento territorial desde una visión sistémica, es decir, una visión en donde debe considerarse, bajo el mismo territorio, los diferentes componentes: lo económico, lo ambiental, lo social, lo demográfico. Todo debe de estar integrado en un mismo documento, y eso es este programa de planeación.
¿Qué consideran desde la Sedatu sobre la vinculación de los actores locales, es decir, las comunidades, en la planeación de este programa?
Lo que planteamos como Sedatu es el que documento se debe realizar en conjunto con los actores locales. Si nosotros quisiéramos elaborar un documento de esta magnitud, de esta complejidad, desde un escritorio de la Ciudad de México, estaríamos cometiendo un gravísimo error. Justo esos eran los errores que se cometían antes, por lo que estamos totalmente en contra de este tipo de planeación.
De esta manera, consideramos que la planeación tiene que hacerse sobre el territorio y con la opinión de los actores. En primer lugar, de quienes lo van a instrumentar, porque de nada serviría un documento que no tenga aplicación. Ahora bien, ¿quiénes lo aplican? Lo aplican los gobiernos estatales y los gobiernos municipales; por eso estamos planteando que se firme un convenio de coordinación para su elaboración, y en ese convenio proponemos que se forme un grupo de trabajo que parta desde la parte del diagnóstico con los materiales que ya se tienen. Porque ese también es otro error: se cree que llega uno a “planear” e “inventar el hilo negro”, pero no, ya hay materiales, ya hay documentos, hay mucho que se ha trabajado a nivel municipal, a nivel estatal, y tiene que ser incorporado, no se trata de venir a inventarlo todo, sino de incorporar en el diagnostico los distintos documentos que ya están y también, para efecto de tu pregunta, todo desde una fuerte participación ciudadana.
¿A través de qué medios tendría lugar la participación ciudadana en los procesos de planeación?
Desde el diagnóstico del Programa, nosotros planteamos que existan consultas, que existan foros donde grupos de la sociedad civil, académicos ,y ciudadanía en general, puedan participar dando opiniones. Después de eso, se trata de construir un modelo territorial que es donde consideramos el impacto del Tren Maya, porque también debemos tomar en cuenta que este documento va a tener ese énfasis, es decir, va a partir de considerar que viene una megaobra, y que esa megaobra tendrá impactos, y esto tiene que ser para beneficio de las comunidades. Sin embargo, no es mágico, no es automático, se tienen que emprender acciones, estrategias, que deben estar plasmadas en ese documento, y con esto finalizo: nosotros planeamos que este documento se elabore en conjunto con Fonatur, que lleva el tema, con la Semarnat, para que le dé todo el enfoque ambiental, y, por supuesto, con la Sedatu, pero también en coordinación con los gobierno estatales de Quintana Roo, Yucatán ,Campeche, Tabasco y Chiapas, y con los municipios donde habrá mayor impacto porque tendrán una estación del Tren Maya.
Subsecretario, le pido que profundice un poco en el asunto de la participación de las comunidades, pues, en el caso de los pueblos originarios, el asunto de la vivienda tiene más vertientes (vinculadas a la cosmogonía) que el hecho mismo del territorio. A su vez, desde las Asambleas Indígenas, se ha criticado mucho la forma en que se pretende construir el Tren, así como los procesos previos de la Consulta, y argumentan que tendrá perjuicios al ambiente, a sus usos y costumbres y contra el patrimonio cultural. Incluso, desde algunos grupos se interpusieron amparos para detener las obras
Lo que nosotros estamos viendo, muy exclusivamente, tiene que ver con la implementación de este programa regional, que después aterrizará en programas regionales de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, en instrumentos de planeación. De lo que he hablado aquí es de un instrumento de planeación superior, que después va a aterrizar en los planes municipales y de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Lo que tú estás planteando es un asunto más complejo, que tienen ver con el asunto de la Consulta Indígena y la incorporación de las comunidades al propio proyecto y, digamos, bajo distintas estrategias que los involucren en el desarrollo.
¿Y sobre los grupos opositores?
Lo que sí te puedo decir es que no estoy de acuerdo en que exista una oposición generalizada. Yo estuve en la Consulta Indígena, participé como parte de la secretarías, fuimos convocados por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y estuve en varias asambleas, y francamente en esas asambleas lo que yo constaté es el enorme respaldo que hay de parte de las comunidades de toda la zona al proyecto. Yo estuve ahí con votaciones abrumadoras, donde más del 90% estuvo a favor del proyecto. Y hablo de consultas reales: porque estaban los comisarios ejidales, estaban los delegados de cada comunidad, es decir, estaban las autoridades que reconocen las propias comunidades. No eran asambleas que pudieran manipularse. Yo lo que vi es que fueron asambleas reales con discusión real y con un respaldo fuerte al proyecto. Ahora bien, ahí también surgieron varios temas alternativos. Sobre este punto, quisiera distinguir que hay un plan de desarrollo vinculado al Tren Maya, y eso lo está coordinando Fonatur, y en esos planes de desarrollo se incluye— y lo digo porque ha sido modificado, porque fue presentado ahí en las consultas —distintas acciones en donde las comunidades se ven involucradas en los proyectos de desarrollo y que también tiene un componente territorial, es cierto. Pero lo que aquí estamos trabajando, este programa regional de Ordenamiento Territorial, se trata de un instrumento de planeación del territorio. Esto, en esencia, a lo que tiene que responder es a las preguntas, ¿donde sí se tiene que urbanizar y donde no se debe de urbanizar?, ¿qué áreas tenemos que cuidar? Tenemos que determinar donde, aunque haya una estación del Tren, aunque sea muy atractivo, se tiene que cuidar porque es un área de alto valor ecológico, o que tiene una alta fragilidad ecológica, como los manglares. Y hay que cuidar mucho, porque tantito se contamina y hay un desastre ecológico. Eso se debe determinar, es decir, donde no debe crecer la ciudad, o las comunidades, o las poblaciones.
Y también tiene que ver con riesgos. Parte de lo que ahora estamos viendo en Tabasco (las inundaciones) es eso: donde no, pues donde hay más riesgo de inundación no debería haber casas. Aquí es lo mismo. Tenemos que determinar por riesgos, por impacto ambiental, o también, porque sale muy caro establecer asentamientos humanos por la lejanía de la infraestructura. Eso es parte de lo que busca responder este documento. Y también tendrá que responder: ¿dónde sí?, y, ¿por qué sí? Eso se traduce en lo que después aprueban los cabildos municipales para sus planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Y eso después se traduce en que se emita una licencia de construcción. Pero son dos instrumentos distintos (los instrumentados por Sedatu y los instrumentados por Fonatur), sí quisiera que no haya confusión. Uno es el plan de desarrollo, que es mucho más amplio; y lo que nosotros vamos a trabajar es el tema de la planeación territorial.
Para finalizar, ¿qué ventajas o desventajas vislumbra para las comunidades a largo plazo?
Sin duda un territorio ordenado es mucho más atractivo para las inversiones, y también preserva el valor de las acciones ya existentes. Hay muchos ejemplos de cómo un desastre ambiental acaba con el potencial económico de una región. Por eso, este documento va a tener un fuerte componente ambiental, porque lo ambiental tiene implicaciones: lo primero, la protección del medio ambiente; lo segundo, la integración de las comunidades. Pero también, en tercer lugar, es el tema del desarrollo económico, más para esta zona que tienen un valor turístico enorme y que está basado en su riqueza ambiental. En la medida que protejamos la naturaleza, el desarrollo económico será posible.
