Con una iniciativa de carácter fast track, el Congreso de Tamaulipas aprobó con 24 votos a favor un proyecto de acuerdo con el que se establecen las reglas de homologación del proceso de desafuero que se tiene contra el actual gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Aunque los diez diputados de Morena rechazaron la iniciativa que presentó el panista Gerardo Peña Flores, presidente de la Junta de Coordinación Política, con el apoyo de los legisladores del PAN, así como del PRI y MC, el Congreso local estableció que el proceso que se realiza en el Congreso de la Unión deberá replicarse completamente a nivel estatal.
Es decir, la propuesta aprobada modifica las disposiciones para que el Congreso Tamaulipeco acepte una instrucción de desaforar a un mandatario estatal, misma que el Congreso de la Unión debe emitir según el artículo 111 de la Constitución federal, y el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos.
Los cambios en la legislación local entraron en vigor ayer mismo, y precisan en el artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Tamaulipas que el procedimiento de homologación de desafuero será adversarial, “por lo que se dará oportunidad a las partes que conforman el procedimiento a ofrecer el material que consideren adecuado para sostener la acusación y la defensa, respectivamente, sobre la posible comisión de un delito federal y la subsecuente probable responsabilidad del imputado”.
En este sentido, el Congreso local tendrá la facultad de rechazar en el pleno, por mayoría absoluta, que se homologue un proceso de desafuero contra diputados locales, magistrados del Tribunal Superior de Justicia “y/o el gobernador del estado”.
Posteriormente, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política votarán el acuerdo enviado por la Cámara de Diputados y después iniciará un procedimiento similar al que actualmente realiza el Poder Legislativo federal.
“También el procedimiento de homologación tiene como finalidad verificar que la acusación del Ministerio Público Federal tenga fundamento probados y que no sea una simple acusación de la oposición política que vulnere la soberanía estatal; y que la declaración emitida por la Cámara de Diputados que resuelva que ha lugar a proceder en contra de los funcionarios se ajuste a la normatividad aplicable”, señala el punto de acuerdo.
Cabe destacar que el mandatario García Cabeza de Vaca enfrenta un proceso de desafuero que solicitó la Fiscalía General de la República (FGR) a la Cámara de Diputados, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
Por su parte, el diputado de Morena, Rigoberto Ramos, enfatizó que “es triste y lamentable es que sigamos siendo irresponsables al traer leyes que se hagan al vapor”. Y agregó que “lamentablemente vamos a ser quienes le vamos a quedar a deber a todos los tamaulipecos. Estamos siendo arbitrarios y se da un autoritarismo total en este Congreso”.
