La encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Constanza Tort San Román, señaló que en México hay 3 millones 300 mil niñas, niños y adolescentes laboran en formas de trabajo prohibidas y peligrosas, lo que representa el 11.5 por ciento de la población de 5 a 17 años en el país; 61 por ciento son hombres y 39 por ciento mujeres.
Durante la Sesión Permanente de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de Protección Integral de los Sistemas Nacional y de las Entidades Federativas, Constanza Tort San Román, indicó que para afrontar este problema es de especial importancia recuperar la experiencia generada en el ámbito local para prevenir y erradicar el trabajo infantil, por lo que agradeció la presencia de autoridades de los sistemas municipales de Cozumel, Quintana Roo, y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Por su parte, el secretario de Economía del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, David Zamora Rincón, señaló que la fase 1 del Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI), con resultados para el país y Chiapas, coloca a este municipio con bajo riesgo de trabajo infantil. Sin embargo, población indígena de otras localidades llega con sus niñas y niños en búsqueda de trabajo.
Apuntó que la fase 2 del MIRTI permitió detectar cuatro zonas en Tuxtla Gutiérrez con mayor probabilidad de riesgo de trabajo infantil. Se vio que hay mayor peligro de trabajo infantil si la niña o niño no asiste a la escuela y su edad está entre 15 y 17 años, mientras que baja si el sector donde trabaja la jefa o jefe de familia es diferente al primario.
Con los datos se realizó un censo y encuesta en la colonia San José Terán, para identificar a niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil, con nombre y apellido, direcciones y padres, que permite atender casos puntuales. De 596 niñas, niños y adolescentes, 31 trabajan, 20 no asisten a la escuela, y 131 realizan labores domésticas en horarios extensos.
Remarcó que, ante el censo piloto, en abril de 2021 se aprobó el Reglamento para la Atención Local del Trabajo Infantil y Adolescente, que se convierte en política pública para las administraciones municipales.
Derivado de ello, dichas autoridades están obligadas a: elaborar un censo municipal sobre trabajo infantil; hacer visitas de inspección a las unidades económicas; implementar estrategias de comunicación para la sensibilización de la población; contar con un inventario de programas contra trabajo infantil; incluir el tema en presupuestos y Programas Operativos Anuales (POA) para acciones necesarias; crear un sitio web del tema; y establecer el otorgamiento del Distintivo Tuxtla Gutiérrez Libre de Trabajo Infantil a empresas socialmente responsables.
En su turno, el secretario ejecutivo del sistema municipal de protección a niñez y adolescencia de Cozumel, Víctor Hugo Venegas, destacó el lanzamiento de la “Cruzada Municipal contra el Trabajo Infantil y la Trata de Personas”, que implica la instalación de la Comisión de Interdependencias para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en el Municipio (CITI).
Asimismo, involucra promover la implementación de políticas para no emplear a menores de 18 años; exigir que la industria de la hospitalidad y sus clientes se sumen a la lucha contra el trabajo infantil; erradicar la deserción escolar; fomentar el patrocinio de becas escolares; generar señalética que motive a la gente a no incentivar el trabajo infantil; así como implementar el Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo, de la Secretaría de Turismo.
Subrayó que la CITI municipal es un espacio que permite la incidencia de actores del sector público, privado y social con el propósito de analizar y definir acciones y políticas orientadas a un trabajo en conjunto para la erradicación del trabajo infantil.
Finalmente, remarcó que la vinculación de los sistemas nacional y locales es fundamental en la articulación de esfuerzos, el seguimiento de acuerdos e implementación de políticas públicas, dadas sus facultades de ley y las posibilidades de incidir no solo en la lucha contra el trabajo infantil sino en la restitución de los derechos y la reparación de daños.
