Desde los históricos territorios del norte del país, que fueron cuna de luchas sociales en México, pueblos indígenas se dieron cita para aportar en la construcción de un Estado pluricultural, en el que las leyes y normas alcancen sus anhelos de justicia.
En Asambleas Regionales de Seguimiento, representantes y autoridades de pueblos indígenas de Sonora, Chihuahua y Coahuila levantaron la voz para que sus derechos fundamentales sean reconocidos en la Carta Magna, y dieron su aprobación a la Iniciativa de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.
En Vícam, Sonora, los ocho gobernadores tradicionales de la Nación Yaqui se manifestaron a favor de esta iniciativa impulsada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), como una forma de respaldar constitucionalmente los acuerdos por los que han trabajado en el marco del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, y extender sus alcances al resto del país.
En representación de las autoridades tradicionales, el gobernador de Vícam, Agustín González Estrella, dio la bienvenida a las autoridades y representantes del Gobierno de México y del Poder Legislativo que acompañaron estos trabajos.
“Siempre hemos sido rezagados, siempre hemos sido olvidados; sabemos que con el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador será el momento histórico, el momento de los pueblos indígenas, para darles la verdadera autonomía y justicia”.
En tanto, el secretario del pueblo de Tórim, Jesús Patricio Varela, reflexionó sobre las leyes internas que los rigen.
“El mandato de nuestros antepasados es que a través de nuestras dos instituciones -iglesia y Guardia Tradicional- aboguemos tanto por “lo que no habla”, el agua, la tierra y nuestros recursos naturales; como por lo que “sí habla”, que es nuestra gente, adultos, jóvenes, niños, ancianos y futuras generaciones”.
Aseguró que estos dos mandatos se están contemplando ya en la propuesta de reforma, para que sean plasmados en la Constitución y nunca más la insuficiencia de la norma nacional permita que se les arrebaten sus derechos fundamentales.
“Nuestros antepasados no vivieron esto; a ellos no se les tomó en cuenta, al contrario, perdieron la vida por defender lo que tenemos”.
Ante esto, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, aceptó que el Estado mexicano tiene una deuda con los pueblos indígenas y afromexicano y expresó la importancia de trabajar en coordinación para empezar a saldarla.
“Desde aquí donde hubo represión, exterminio, masacre, despojo y deportaciones, cambiemos esa historia a través del diálogo, para contar con una reforma profunda e integral a la Constitución de nuestro país, al pacto social que tenemos como mexicanos, para que se reconozca de una vez por todas los derechos inalienables de los pueblos y comunidades”.
En presencia de gobernadores, secretarios, capitanes, tropa y pueblo mayor de la Tribu Yaqui, sostuvo que el Presidente de México asumió el compromiso de construir a través del diálogo y el acuerdo un Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, para lo que se creó la Comisión Presidencial en la que están representadas todas las secretarías de la Administración Pública Federal.
Aseguró que la iniciativa de reforma busca dar un sustento constitucional a todos los acuerdos que se vienen construyendo en este Plan de Justicia y crear una base de derechos para los pueblos indígenas que trascienda el tiempo y la historia de México.
