Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador adelantó que se elaborará y firmará un decreto presidencial de política carcelaria con cuatro decisiones, en las que se incluye la liberación de internos que hayan sido torturados, presos sin sentencia, adultos mayores de 75 años privados de la libertad y quienes padezcan enfermedades crónicas y sean mayores de 65 años.
- Los no sentenciados de fuero federal con más de 10 años sin sentencia y que no hayan cometido delitos graves.
- Adultos mayores de 75 años que no hayan cometido delitos graves.
- Adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas y que no hayan cometido delitos graves.
- Todo interno que haya sido torturado y se compruebe a través del protocolo de Estambul.
En su oportunidad, Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación dio cuenta sobre tres casos de personas que no tienen sentencia y siguen privadas de la libertad.
La Secretaria señaló que de la población privada de su libertad, el 43 por ciento no ha sido sentenciada, es decir 94 mil, 547 de un total de 220 mil 114.
El primer caso que refirió es el de Israel Vallarta, quien se encuentra privado de su libertad desde el 2005 por la presunta comisión de diversos delitos, seguidos en dos causas penales en el juzgado tercero de distritos penales federales del Estado de México.
Vallarta fue acusado por los delitos de secuestro, delincuencia organizada, portación y posesión de armas de uso exclusivo y posesión de cartuchos de uso exclusivo.
De acuerdo a la funcionaria se ha solicitado ante las instancias correspondientes para que se revisara el caso en el que se argumentan varias violaciones graves al debido proceso, para que se emita la sentencia y no continúe la ilación de su proceso penal.
Informó que el caso ha sido revisado desde septiembre de 2019 en coordinación con el propio Vallarta y sus abogados.
Se han propuesto varías alternativas que podrían ser valuadas en el proceso judicial para agilizar la emisión de la sentencia.
La Secretaria reveló que las estrategias planteadas por la dependencia no han sido aceptadas por los interesados consistente en promover el insistente de libertad por desvanecimiento de datos.
Esta estrategia, explicó, Sanchez Cordero sólo es para la causa penal relacionada al secuestró, misma, que a consideración de la ex ministra sería muy probable arrojaría como resultado escarcelacion, toda vez que se apegaría a lo ocurrido en el caso Cassez.
Sin embargo, hay otra causa penal pendiente donde la defensa presentó, hace poco pruebas que deben de ser desahogadas antes por el juez, lo que tomará tiempo.
Por lo que se refiere al caso Quevedo, quien fue detenida en noviembre del 2009 por la probable comisión de delitos de delincuencia organizada y secuestro, ella denuncia haber sido víctima de tortura en dos ocasiones. Esta detenida y no tiene sentencia definitiva en Morelos.
En ambos casos la tortura y las violaciones a derechos humanos están demostradas plenamente con la Innecesaria prolongación del procesos.
Con dichos elementos en opinión de la funcionaria los jueces tiene suficientes elementos para demostrar fallas en el debido proceso.
Sánchez Cordero adelantó que se publicará un decreto en el que toda la población penitenciaria que tenga más de 75 años, podrá solicitar, como una política penitenciaria, al juez de ejecución se promueva la excarcelación y seguir en presión domiciliaria.
