Derivado de los juicios de valor emitidos por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; sobre Rosario Robles un juez emitió un amparo a favor de la ex funcionaria peñista, el cual ordena al fiscal no pronunciarse sobre la presunta responsabilidad de Robles.
El impartidor de justicia ordenó que el fiscal “tome todas las medidas necesarias para que en lo subsecuente, se abstenga de realizar manifestaciones o juicios de valor respecto de la culpabilidad o responsabilidad de la aquí quejosa, en los hechos materia de las investigaciones que se integran en su contra”, informó el periódico La Jornada.
En agosto de 2020 Gertz Manero indicó que el extitular de Pemex, Emilio Lozoya, ofreció su cooperación a las autoridades mexicanas, en busca de acogerse al llamado criterio de oportunidad; en cambio, Rosario Robles, no quiso ayudar.
En ese entonces el titular de la FGR remarcó que Lozoya ha buscado cooperar con las autoridades en delitos de daño patrimonial por 400 millones de pesos, mientras que Rosario Robles no lo ha hecho a pesar de que los daños suman más de 15 mil millones de pesos.
“Él lo está presentando (la disposición a cooperar), él está pidiendo eso. En el otro caso no hay eso y es un daño por 15 mil millones de pesos donde están involucradas la mayor parte de las instituciones públicas de educación superior del país, por favor, es decir la jerarquía de los daños merecería la conducta solidaria con el Estado Mexicano para descubrir esa famosa Estafa Maestra”, abundó en una charla organizada por el doctor Sergio Aguayo como parte de un Seminario sobre Violencia y Paz.
Incluso la defensa legal de la ex secretaría de Estado, presentó en un disco compacto el video que comprueba las declaraciones del titular de la FGR cuando acudió a El Colegio de México, por ello en mayo de este año se interpuso la demanda de garantías ante el juzgado decimoquinto de distrito de amparo quien lo aceptó a trámite, pero después declinó competencia y turnó el caso al juzgado tercero.
En la actualidad, Rosario Robles permanece privada de la libertad en el Centro Penitenciario Femenil de Santa Martha Acatitla desde agosto de 2019 por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público con un daño al erario federal por más de 5 mil millones de pesos, razón por la cual se solicita una pena de 21 años de prisión.
