El día de ayer 21 de octubre, la autoridad aduanera de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) emitió una orden de detención de mercancías a dos empresas exportadoras de tomate mexicano –Agropecuarios Tom SA de CV y Hortícola SA de CV– por la presunta existencia de prácticas vinculadas a trabajo forzoso.
Frente a ello, ayer mismo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social convocó a la Secretaría de Economía a la instalación de una mesa de trabajo, para que en coordinación con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), se abriera un canal de comunicación con tales empresas, se realicen las investigaciones correspondientes, y, de ser identificado algún incumplimiento a la normatividad laboral, se establezca un plan para garantizar la protección de los derechos de las y los trabajadores.
Es importante resaltar que esta medida no forma parte del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sino que tiene base en la Ley Arancelaria de ese país que data de 1930 y que, anteriormente, se ha utilizado indistintamente para empresas ubicadas en países con los que cuenta o no con un tratado comercial. Por tanto, no es una controversia Estado-Estado, sino de una sanción comercial directa a un bien producido por una empresa en específico.
Tras la emisión de esta orden, las empresas tomateras tienen el derecho de apelar ante la autoridad aduanera estadounidense la decisión y presentar pruebas que demuestren su cumplimiento de la normatividad laboral, a fin de que la sanción sea levantada.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social reitera su compromiso de continuar trabajando por un campo mexicano libre de trabajo forzoso y de trabajo infantil, así como de consolidar un comercio en América del Norte que ponga en el centro los derechos de las y los trabajadores. Para conseguirlo, los tres gobiernos debemos anteponer la buena fe, el diálogo y la cooperación por encima de medidas unilaterales.
