La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México (TEPJF) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) la carpeta de investigación relacionada con los videos donde Pío López Obrador recibe dinero en efectivo de David León, operador político de Morena.
Lo anterior, luego de que agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la FGR se negó a entregar el expediente solicitado por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.
Al respecto, a través de un comunicado de prensa, el TEPJF dio a conocer la resolución de los juicios electorales 262 y 263 promovidos por el INE, y en los cuales, de acuerdo con los proyectos presentados por la magistrada Mónica Soto y el magistrado José Luis Vargas, se proponía desechar la queja del INE.
Según el proyecto de Soto Fregoso, el juicio contra la FGR no procedía ya que el tema tratado no era un asunto electoral, sino penal, por lo cual quedaba fuera de las facultades del INE; sin embargo, la propuesta fue rechazada por votos de Janine Otálora, Felipe Fuentes y Reyes Mondragón.
Por su parte, la magistrada Otálora Malassis argumentó que “el secreto ministerial no es oponible a las facultades fiscalizadoras del INE”, lo cual incluso ya estaba establecido en la tesis XLIV/2004 relativa al secreto ministerial genérico.
En tanto, el proyecto presentado por el minsitro Vargas Valdez proponía desechar el recurso del INE ya que, a su consideración, la solicitud de este tipo de información rebasa las facultades del órgano electoral y viola la secrecía ministerial.
Esta propuesta también fue rechazada por cuatro votos, ya que los magistrados consideraron que el INE sí está facultado para “allegarse de todos los elementos necesarios para aclarar si se cometieron las infracciones denunciadas”.
Por ello, los magistrados del TEPJF concluyeron que “la FGR, indebidamente, se negó a completar su deber de colaborar con el cabal cumplimiento de las facultades de las autoridades electorales, bajo el pretexto de la existencia de un supuesto velo de secrecía que le impedía aportar la información solicitada para esclarecimiento de los hechos denunciados”.
