El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) externa su preocupación por las diversas formas de
discriminación y violencia hacia la comunidad LGBTTTI+ que han tenido lugar en diversos espacios
en las últimas semanas, y en particular, condena enérgicamente el intento de transfeminicidio
contra la activista, defensora de derechos humanos de las personas transgénero y trabajadoras
sexuales, Natalia Lane, así como así como el asesinato de Nohemí y Yulizsa, pareja de mujeres
lesbianas ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Aunque el Estado mexicano cuenta con un marco legal y normativo que promueve el respeto, la
inclusión y la progresividad de los derechos de las personas pertenecientes a la diversidad sexual;
las distintas expresiones homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas y actos de odio externados por
ciertos integrantes de la ciudadanía y del funcionariado público, son muestra de que es inaplazable
construir nuevas estretegias interinstitucionales que permitan potenciar, con mayor efectividad, las
políticas públicas que ya existen para erradicar las múltiples formas de exclusión y los factores de
discriminación y violencia hacia la comunidad LGBTTTI+.
Desde el Inmujeres recordamos a los tres órdenes de gobierno y los poderes del Estado que el
Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD) 2020-2024, hoja de
ruta para la igualdad del Estado mexicano, fue construido con los aportes diversos de las mujeres,
en especial, las que han sido históricamente excluidas, entre ellas, las mujeres de la diversidad
sexual.
Durante la consulta que se realizó para la elaboración del PROIGUALDAD, este sector de las mujeres
señaló como principales problemáticas: la violencia que sufren por razones de género, la
discriminación y la falta de reconocimiento de su identidad sexogenérica.
Por ello, el PROIGUALDAD, que es de obligado cumplimiento para toda la Administración Pública
Federal, incluye líneas de acción dirigidas a brindar acompañamiento legal especializado; propiciar
el cambio cultural mediante el impulso de proyectos de incidencia social pública y comunitaria,
en cooperación con la sociedad civil y fomentar el respeto a la dignidad y la integridad de
las mujeres lesbianas, gays, bisexuales y trans.
Además, este programa mandata el avance en la armonización del marco jurídico conforme a
los estándares internacionales, que impulse el reconocimiento de la identidad de las personas trans,
con el fin de propiciar su participación política en procesos electorales y la ocupación de cargos
públicos en condiciones de seguridad, igualdad y no discriminación.
Por lo anterior, exhortamos a los tres órdenes de gobierno y tres poderes del Estado a cumplir con
sus responsabilidades como garantes de los derechos emanados en la Constitucion Política de los
Estados Unidos Mexicanos, concretamente en el artículo 1, así como desarrollar e implementar a
cabalidad las acciones que forman parte de la Política Nacional de Igualdad, de la cual el Proigualdad
2020-2024 es parte fundamental, con el fin de que garanticen de manera sustantiva el derecho a
una vida libre de violencia y discriminación para la comunidad LGBTTTI+.
