La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión en contra de siete personas, entre las que se encuentran Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La FGR solicitó una ficha roja de búsqueda a la Interpol, para la localización de las personas involucradas.
La FGR recordó, a través de un comunicado que desde noviembre de 2019 inició una carpeta de investigación en contra de los dos señalados, así como de Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R”, y siete empresas.
“Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos”, agregó la FGR.
La FGR acusa a la pareja de desviar 2,950 millones de pesos relacionados con contratos otorgados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social por medio de empresas fantasmas, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. También son investigados por realizar operaciones con organizaciones delictivas por medio de empresas factureras.
En diciembre de 2021, el diario La Jornada informó que la pareja había tenido acercamientos con la FGR para colaborar y no pisar la cárcel por delincuencia organizada y defraudación fiscal, delitos por los que tienen una orden de aprehensión y una ficha roja de la Interpol.
El acercamiento se dio a través de sus abogados, con el fin de dar “información que lleve a detener y procesar a empresarios y ex funcionarios que defraudaron al fisco mediante empresas factureras”, publicó el periódico mexicano el domingo 26 de diciembre. Sin embargo, las autoridades mexicanas no les han otorgado dicho beneficio.
De acuerdo con la FGR, Álvarez Puga y Gómez Mont se presentaban como representantes de las empresas que obtenían os contratos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación.
Para ello, utilizaban comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes.
A la par, se identificó a las personas Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, como responsables de realizar las operaciones bancarias a nombre de las personas morales.
Tras ello, otro grupo, integrado por servidores públicos, facilitaban los recursos del erario federal; en esta parte fueron identificados como responsables Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”.
