El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió este martes a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para facultar a la Secretaría de Función Pública (SFP) a realizar compras consolidadas del gobierno federal, así como transferir a esta dependencia facultades de la Secretaría de Hacienda (SHCP).
El proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que se transferirán facultades de Hacienda a la SFP sobre la coordinación y conducción de los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas y sus equivalentes en los entes de la administración pública federal, a excepción de los casos de las secretarías de la Defensa, Marina y las empresas productivas del Estado.
Esto, “permitirá homologar la actuación de la operación administrativa de las entidades paraestatales “con el objeto de que éstas atiendan la política de austeridad republicana y que el uso de los recursos públicos se ejerza de manera racional”, indica el documento publicado este 26 de abril en la Gaceta Parlamentaria.
“Por ello, desde un enfoque más preventivo que correctivo es fundamental que las Unidades de Administración y Finanzas sean conducidas y coordinadas por la propia SFP. Al erigirse como ente garante y rector de la política general en materia de contrataciones públicas, fortalecerá el acompañamiento y vigilancia del manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos en apego a los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez”, se lee.
La iniciativa plantea igualmente que la dependencia dirigida por Roberto Salcedo Aquino también concentrará la planeación, establecimiento, conducción y aplicación de la política general de contrataciones públicas, reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
También considera el rediseño en organización y funcionamiento de los órganos internos de control adscritos a la Función Pública, buscando la reducción de estructuras y la redistribución de funciones, así como generar ahorros y cubrir con la estructura mínima indispensable las necesidades de vigilancia, control y evaluación de la gestión pública.
