El informe presentado el 18 de agosto por Alejandro Encinas, titular de la Comisión Presidencial para la verdad y el acceso a la justicia del caso Ayotzinapa, creada por el primer decreto presidencial de Andrés Manuel López Obrador el 3 de diciembre e 2018, es de gran trascendencia, ahora sí, histórica, para la vida pública de nuestro país. El 26 de septiembre de 2014 se abrió una profunda herida en el corazón de la patria: 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecieron y seis personas más fueron asesinadas y otro estudiante se encontró gravemente torturado.
De la presentación de los avances de las investigaciones destaca en primer lugar el reconocimiento de que la desaparición fue un Crimen de Estado, una desaparición forzada ejecutada por el Estado: “[…] la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal ‘Isidro Burgos’ de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.” Y se confirma que
“[…] en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde la salida de la Escuela Normal ‘Isidro Burgos’ hasta su desaparición. Y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas” Que al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. […]Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos. [Y que] no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida”
Se avanza en la ruptura del pacto de silencio. Se informa que en el proceso han fallecido o han sido ejecutadas 26 personas clave para obtener información y se ha mantenido en todo el proceso de extradición de Tomás Zerón, quien se encuentra en el Estado de Israel
Los avances de investigación permiten al informe afirmar que “la verdad histórica [ese engendro del poder proclamada por Murilo Karan] la definimos como el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder organizado del poder”, esa tergiversación criminal de lo sucedido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un crimen de Estado. El informe entregado a la Fiscalía General de la República obligó a llevar a la detención de José Murillo Karan, entonces titular de la PGR.
