Después de días de discusión, el ministro Luis María Aguilar retiró el proyecto que cuestionaba el artículo 19 de la carta magna mexicana referido a la “prisión preventiva oficiosa”, y propuso “elaborar un nuevo documento” que recoja las opiniones del resto de los jueces, por ejemplo, de quienes consideran que corresponde al Congreso federal abolir o reformar el texto constitucional.
Durante la sesión plenaria, el ponente respondió a los jueces que rechazaron su propuesta de dejar de aplicar el artículo 19 constitucional, debido a que considera que es violatorio de los derechos humanos.
“En aras de construir una decisión que proteja los derechos de todas las personas, retiro el proyecto para reconstruir una propuesta”, dijo en su presentación el ministro ponente del proyecto.
Explicó que el objetivo de retirar el proyecto original es “unir los puntos de conexión” de las opiniones de los jueces, y además “matizar los disensos”.
El propósito es proponer una metodología que permita “expulsar los efectos dañinos de la prisión preventiva automática que ocasiona en la vida de las personas y en las familias mexicanas”.
Para objetar el texto constitucional se requiere mayoría calificada de dos terceras partes de los jueces, es decir, de ocho de los once magistrados, mientras cuatro ya expresaron sus reservas, centradas en que la Constitución la redacta o reforma el Congreso de la federación mexicana.
Sin embargo, el ministro ponente objetó que la función de los jueces constitucionales se limite a resolver conflictos y restringir sus estudios a una técnica jurídica, mientras sectores vulnerables como comunidades indígenas y personas sin recursos económicos son los más afectados.
“Yo reafirmo mi postura, tenemos una deuda histórica con esos sectores discriminados, no podemos condenarlos anticipadamente, sin juicio previo y sin la posibilidad de defensa a una vida de infortunio, pobreza y sufrimiento”, expresó el magistrado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se unió a los ministros que consideran al Congreso como el único poder autorizado para cambiar el texto constitucional, sin discutir el fondo de la interpretación jurídica.
“Pienso que es muy claro que el Poder Judicial no debe tomarse atribuciones que no le corresponde y no se puede anular un artículo de la constitución, para eso están los legisladores por eso existe la división de poderes”, dijo el jefe del Ejecutivo
Más del 40% de las más de 220.400 personas detenidas en penales de México están sin sentencia, es decir casi 90.000, según los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios 2022.
La Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura de la ONU, y defensores nacionales han adoptado conclusiones similares sobre la violaciones que genera ese texto constitucional y urgen que sea abolido.
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