Congreso de Hidalgo aprueba permanencia del Ejército en las calles hasta 2028

Con 25 votos a favor y tres en contra, el pleno del Congreso de Hidalgo aprobó la reforma constitucional que promueve la permanencia del Ejército en las calles, para que lleven a cabo tareas de seguridad pública, hasta el año 2028.

Con ello, Hidalgo se convirtió en el estado número 15 del país en aprobar esta reforma. Se suma a la lista de los estados que han avalado esta iniciativa, los cuales son Michoacán, Oaxaca, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Sinaloa, Tabasco, Baja California, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Quintana Roo, Tamaulipas.

Los legisladores que se opusieron a esta reforma fueron dos diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Rodrígo Castillo y Silvia Sánchez, y uno del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Martínez Gómez.

Mientras que la diputada Citlali Jaramillo Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el diputado Francisco Xavier Berganza Escorza, sin partido, estuvieron ausentes durante la sesión.

Los diputados que votaron a favor de la reforma constitucional fueron Sharon Macotela Cisneros, Vanesa Escalante Arroyo, Lisset Marcelino Tovar y Fortunato González Islas, de Morena. Así como los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan de Dios Pontigo Loyola y Alejandro Enciso Arellano.

Con dicha reforma se modifica el artículo quinto transitorio del decreto que creó la Guardia Nacional, expedido en 2019, en el que se amplía de cinco a nueve años, el periodo en el que el ejecutivo federal tiene la facultad de disponer de las Fuerzas Armadas, de manera complementaria a la Guardia Nacional, para llevar a cabo tareas de seguridad pública. Por lo que este plazo vencería hasta 2028.

La minuta también establece que las Fuerzas Armadas participarán en tareas de seguridad pública de forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Así como que se destinará un fondo permanente de apoyo para fortalecer a los policías federales y estatales.

Para que la ley entre en vigor se requiere su aprobación en 16 legislaturas locales más.

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