El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández afirmó esta mañana que la Ley Minera fue aprobada con un ajuste después de un análisis con legisladores y “actores interesados” y sostuvo que la legislación pone un “freno” a la actividad minera y se da preferencia al derecho al agua.
“Lo más importante que contiene la iniciativa es que se le quita el carácter de preferente a la actividad Minera, se le pone digamos un freno”, declaró.
Desde Palacio Nacional, el titular de la política interna del país que sustituye temporalmente al presidente López Obrador añadió que “ahora se le da preferencia al derecho humano al agua” y afirmó que antes se daban las concesiones a perpetuidad pero “ahora comienza a regularse la actividad”.
El funcionario reconoció que durante la discusión surgieron inquietudes del sector, así como de defensores de derechos humanos y del medio ambiente. No obstante, sostuvo que estas fueron analizadas y atendidas, a pesar de las críticas del sector.
Explicó que la primera concesión de las empresas tendrá una duración de 30 años con derecho a una prórroga por 25 años más. Además, cuando se busque una tercera prórroga se podrá participar en una subasta y tendrá el derecho preferente.
Afirmó que con el dictamen ya no habrá una disparidad entre la concepción minera y la concesión este de agua, ya que se modificó la duración.
“Ahora podrá ser, deberá ser, medido el consumo de agua para uso minero y la autoridad determinará en cualquier momento cuando haya la disponibilidad total del acuífero para uso humano que se dé ese uso”, indicó.
López Hernández aclaró que era “inviable”, como se planteaba al inicio, que se otorgara el permiso de exploración por mineral, ya que durante los trabajos de podrían encontrar otros componentes no contemplados al inicio.
“Se le otorga digamos por oro y por plata pero en el transcurso de la explotación pues puede encontrar zinc, puede encontrar algún otro mineral”, apuntó.
Es importante destacar que la Cámara de Diputados votó el viernes a favor de una reforma a la legislación minera del país, que incluye limitaciones a las concesiones y reduce sus plazos, endurece permisos de extracción de agua y fija la devolución de algunos beneficios.
La ley actual otorga las concesiones mineras por 50 años con derecho a prórroga, la nueva legislación, aprobada con 251 votos a favor y 209 en contra, reduce a 30 años la duración de los permisos, con solo una prórroga de 25 años, tras la que las empresas deben volver a concursar. No obstante, suaviza las expectativas del proyecto original impulsado por López Obrador, que preveía solo 15.
