El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que tras revisar más de 84 millones de llamadas el gobierno federal tiene suficiente información sobre cómo operaron los grupos delictivos en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
“Después de revisar más de 84 millones de llamadas telefónicas, fuimos depurando la información para tener claramente hoy, la red de cómo se comportaron los grupos delictivos esa noche y cómo fue la operación del proceso de desaparición de los estudiantes”, reveló.
Al presentar los avances del caso frente a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos, quienes acudieron al 25 aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan, ubicado en la ciudad de Tlapa, Guerrero, Encinas dijo que tras la investigación también se cuentan con elementos suficientes para desmentir las supuestas llamadas entre la policía y los estudiantes.
Asimismo, informó que tienen a disposición de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa y de la Fiscalía especial a todos los elementos del Batallón de Iguala para que rindan su declaración ministerial; y aseguró que han recibido información de testigos y de anónimos, por lo que “no se minimiza ninguna de las líneas de investigación”.
“Tenemos todos los expedientes y bitácoras de los movimientos de ese personal que durante años estuvieron negando; incluso del personal en retiro que estuvo al frente del batallón”, dijo.
Y sobre las líneas de investigación generadas a partir de testigos, agregó.
“Las vamos a desahogar (las líneas de investigación) partiendo de la línea fundamental de la búsqueda en vida y continuando con todas las líneas que nos permita deslindar responsabilidades para que aquellas autoridades que actuaron con negligencia, omisión o dolo, sean castigadas”.
En tanto, dijo que actualmente se realizan investigaciones en el basurero de Cocula y en el Río San Juan para analizar la actuación de todas las autoridades involucradas en los hechos y determinar responsabilidades.
Concluyó que la creación de la Comisión es un punto fundamental para esclarecer no sólo la desaparición de los normalistas, sino las violaciones a los derechos humanos en todo el país. Y subrayó que toda desaparición debe ser esclarecida, pues todos los familiares tienen el derecho a conocer la verdad y el Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho.
