El despojo a la nación, por parte de la clase política, se hizo más que evidente con Enrique Peña Nieto. Gastos sin control, obras innecesarias a precio elevado, contratos a los amigos y familiares, desperdicio de recursos para alimentar egos. Y mucho más supimos durante su gestión.
Pero ello fue más evidente al entrar el actual gobierno de López Obrador. “En Los Pinos no dejaron ni el teléfono rojo”, dice la portada del semanario Proceso (número 2199). Lo mismo ocurrió en diversas secretarías y organismo oficiales. En la mayoría se llevaron hasta las sillas y remataron todo lo que pudieron. Lo que muestra claramente el por qué la famosa votación en contra no sólo de los priistas, sino panistas y adláteres.
Frente a dicho panorama, era necesaria una reestructuración de fondo, la que traerá, indudablemente, una serie de protestas y opiniones contrarias. Algunos, es cierto, han sido malamente atendidos. A ellos se les debe escuchar, darles salida a su inconformidad e intentar resolver, en la medida de lo posible, sus problemas.
Recientemente la administración ha conseguido algunos logros importantes:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en pleno, aceptó reducir 25 por ciento su presupuesto. No se explicitó a cuánto haciende la cantidad, pero serán recursos importantes para utilizarlos en programas urgentes.
El activista Leonel Manzano, que estuvo cinco años y 7 meses en prisión por oponerse a las políticas educativas, salió de chirona; junto con él quince personas más. Algunas encarceladas por evitar que en sus regiones se llevara a cabo el terrible fracking, ya desechado en varias naciones debido a lo tóxico para el ambiente y la cantidad de agua que desperdicia. Están en la lista para obtener su libertad 368 personas, cantidad que duplica la propuesta inicial de la senadora Nestora Salgado. Incluso se plantea que el asunto se amplíe a muchos otros casos.
Según investigaciones periodísticas, en el famoso NAIM existen negociaciones muy oscuras desde que se concibió el mismo y actualmente, lo que trae una conclusión: tenía razón López Obrador al no continuar con una obra que iba a dar más dolores de cabeza que resultados satisfactorios. Y es que para muchos lo importante es el negocio, no la solución de problemas, menos los de largo plazo.
Si volteamos la mirada al juicio de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en los Estados Unidos, nos daremos cuenta que militares de alto rango estuvieron metidos en el apoyo al narcotráfico. Entre otros: Roberto Miranda Sánchez, jefe del Estado Mayor Presidencial de Ernesto Zedillo; Humberto Eduardo Antimo Miranda, oficial mayor de la secretaria de la Defensa Nacional, cuando estuvo en Los Pinos Felipe Calderón, y Marco Antonio de León Adams, jefe de seguridad de Vicente Fox. Todavía falta saber de muchos otros, pero esto no deja dudas que la complacencia gubernamental a los cárteles fue lo común.
Recientemente Andrés Manuel estuvo en el Banco de México y señaló que su gobierno no intervendrá en decisiones de ese organismo, no aumentará la deuda externa ni tiene proyectado subir impuestos, lo cual es una excelente noticia para los inversionistas. Esto permitirá que este año (problemático por la guerra comercial entre Estados Unidos y China), el país llegue a crecer en 2 por ciento del PIB.
La cifra es la mitad de lo programado en este sexenio, pero será el mayor porcentaje “a los que registraron en su primer año de gobierno Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Miguel de la Madrid”, según el analista del Banco Mundial, Guillermo Perry (Proceso, número 2201).
Pareciera, entonces, que la turbulencia que planteaban los adversarios de Andrés Manuel se diluyó. Pero de repente surgió el asunto: el combate al huachicol, el cual creció de 70 tomas con Vicente Fox a más de 12 mil 581 en el sexenio pasado, y los problemas se agrandaron.
Ello porque hay un desabasto de combustible en varios estados. En uno de ellos, Guanajuato, donde está la refinería de Salamanca, en la cual se encontraron graves irregularidades y bombeo de gasolina a donde no se debía, el gobernador, Diego Sinhué, tiene de procurador a Carlos Zamarripa, el cual protege a un extractor y traficante de lubricantes, José Antonio Yépez, apodado El Marro, según el periodista Álvaro Delgado (El Heraldo, 8 de enero).
En Pemex, desde los años 70 del siglo pasado, un ingeniero Merino utilizaba las pipas con doble fondo para hacer negocios. Y el sindicato se ha prestado a todo para seguir lucrando,
Esta nueva lucha contra la corrupción traerá dolores de cabeza a un gobierno que parecía transitar de mejor forma en los últimos días. Pero cuando hay cambios de fondo, los problemas son cada vez más enredados.
