México avanzó del lugar 138 al 130 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, y se dio una calificación 29 puntos positivos más con respecto al año pasado en dicha materia; esto es resultado, según la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, “de una estrategia que da resultados”.
Según informó la Secretaría de la Función Pública en un comunicado, dichas acciones tienen como ejes las declaraciones patrimoniales transparente del gabinete legal y ampliado al 100 por ciento; los nuevos formatos de declaración patrimonial, que enfatizan en el combate a los conflictos de interés; las sanciones a ex funcionarios de alto nivel, la lucha contra el clientelismo y el corporativismo, y la política de austeridad republicana.
Además, se añadió, la publicación de un nuevo Código de Ética para el Gobierno Federal; la ciudadanización del combate a la corrupción; la firma de convenios de colaboración con instituciones como agencias de la ONU, la UNAM, la Cámara de Diputados, y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, entre otras; sanciones contundentes y efectivas en los más altos niveles en los casos de la “Estafa Maestra” y Odebrecht; el lanzamiento del portal Nómina Transparente; la profesionalización del servicio público con perspectiva de género; así como la culminación en el actual gobierno del espionaje inmoral e ilegal a ciudadanos y opositores.
Por lo demás, dado que el IPC sólo abarca hasta agosto de 2019, no refleja el impacto de acciones fundamentales desplegadas por el Gobierno de México durante los últimos meses del año pasado. Entre las cuales destacan la entrada en vigor de la Ley Federal de Austeridad Republicana, impulsada por la Función Pública; las observaciones a estados y municipios por más de 46 mil millones de pesos; el lanzamiento del Padrón de Integridad Empresarial; las primeras denuncias del programa Alertadores Internos y Externos de la Corrupción; la puesta en marcha del programa Denuncia Paisano, así como la publicación del programa transversal de combate a la corrupción, y la creación de un Comité Técnico Especializado de Información sobre Corrupción en el INEGI.
“La Función Pública se congratula por el hecho de que entre las recomendaciones señaladas por Transparencia Internacional para prevenir la corrupción se encuentren medidas que el actual Gobierno de México implementó desde el principio.
Para eliminar el fenómeno de las “puertas giratorias”, en la Ley Federal de Austeridad Republicana se estableció una veda de 10 años para que altos funcionarios no se contraten en empresas que hayan supervisado y regulado”, dijo la dependencia federal.
En ese mismo sentido, para combatir los conflictos de interés, la nueva ley mandata que, antes de ocupar cualquier empleo público, las personas deberán separarse legalmente de los activos económicos que afecten el ejercicio de su cargo.
En cuanto al control del financiamiento político y la integridad electoral, el Gobierno de México impulsó reformas legales que establecen como delito grave la corrupción y el fraude electoral. Además, ha reiterado su apoyo a las medidas que reducen las altas cantidades de dinero que reciben los partidos políticos del erario público.
Todo ello se inscribe en las recomendaciones que Transparencia Internacional realiza en el informe recientemente presentado.
