El Ministro de Relaciones Exteriores argentino, Felipe Solá, criticó a la Organización de Estados Americanos (OEA), instancia que acusó un fraude electoral en las elecciones presidenciales de Bolivia en 2019, lo que decantó en un golpe de Estado contra Evo Morales.
En un mensaje emitido a través de su cuenta de Twitter, el canciller señaló: “Lo que ocurrió en Bolivia no hubiese sido posible sin la anuencia de la OEA. Su función es denunciar golpes (de Estado), no patrocinarlos”.
Trabajaremos en esta nueva etapa política del continente para recuperar la unidad perdida, con la voluntad de una integración fuerte y responsable.
Lo que ocurrió en Bolivia no hubiese sido posible sin la anuencia de la OEA. Su función es denunciar golpes, no patrocinarlos.
— Felipe Solá (@felipe_sola) November 10, 2020
Este mensaje se presenta días después de que Luis Arce tomó posesión de la presidencia como representante del Movimiento al Socialismo (MAS), y permitir el regreso de Evo Morales, a Bolivia, tras un año de exilio y persecución política y judicial.
“Trabajaremos en esta nueva etapa política del continente para recuperar la unidad perdida, con la voluntad de una integración fuerte y responsable”, afirmó Solá.
El domingo, el presidente argentino Alberto Fernández fue uno de los jefes de Estado que participó en la ceremonia de la toma del Ejecutivo de Arce, y el lunes acompañó a Morales en su caravana de regreso a Bolivia.
Buenos Aires acogió a Morales durante once meses, tras un breve paso del exmandatario por México, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviara un avión para rescatar al mandatario depuesto.
La OEA, especialmente a través de su secretario general, Luis Almagro, apoyó la idea de que hubo fraude en las elecciones de octubre de 2019, en las que Morales había logrado en las urnas la extensión de su mandato.
Tras el contundente resultado de los comicios de este año, Arce pidió la renuncia de Almagro como titular del organismo, y aseguró que tras la victoria del expresidente Morales “hubo todo un preparativo para un golpe de Estado, del cual la OEA lamentablemente formó parte”.
En noviembre de 2019, en el contexto de golpe de Estado contra Evo Morales, el comandante de la Policía boliviana, Yuri Calderón, informó que la hasta hace poco presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, y el exvicepresidente del organismo, Antonio Costas, fueron aprehendidos por la policía después que un informe preliminar de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que encontró irregularidades en el cómputo en la contienda presidencial del 20 de octubre. Del mismo modo, se dijo que otros 36 funcionarios de esa institución también fueron detenidos para que enfrenten cargos por presuntos delitos electorales y falsificación, entre otros.
Asimismo, también en noviembre de 2019, el Center for Economic and Policy Research (CEPR) ha publicado un informe llamado ¿Qué sucedió en el recuento de votos de las elecciones de Bolivia de 2019?, donde desmiente la versión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y explica que en Bolivia existen dos sistemas de conteo electoral: uno rápido y el otro legalmente vinculante.
En efecto, el estudio señal que el recuento de votos rápido mostró que MAS-IPSP (partido de Evo Morales) había recibido 45.71 por ciento de los votos presidenciales, y el CC (de Carlos Mesa) 37.84 por ciento, lo que significaba una diferencia de 7.87 puntos porcentuales.
Sin embargo, el conteo final, legalmente aceptado es el que dio a Morales como vencedor y el cual tendría que respetarse sin importar lo que indicaba el conteo rápido, el cual lo lleva a cabo una empresa privada junto con el Servicio de Registro Cívico (SERECÍ), el servicio de registro civil, y, explica el estudio, “está diseñado para entregar un resultado rápido
Pero incompleto y no definitivo en la noche de las elecciones, con el fin de dar a los medios una indicación de la tendencia de voto e informar al público. Es improbable que el Tribunal Superior Electoral (TSE) procese el 100% de los resultados a través del conteo rápido debido a limitaciones logísticas, y el número de votos procesados puede variar dependiendo de su origen geográfico y del tipo de papeleta electoral que sea”.
Asimismo, explica el documento, “es importante subrayar que es el recuento oficial el que es legalmente vinculante, no el recuento rápido que la misión de la OEA criticó. El recuento oficial nunca se interrumpió y se actualizó regularmente en línea sin ninguna interrupción significativa. Cualquier irregularidad potencial con el fin de afectar el resultado final habría tenido que afectar al conteo oficial y no solo al conteo rápido. No está claro a través de qué mecanismo podrían ocurrir irregularidades generalizadas o sistemáticas sin ser rápidamente evidentes, dadas las salvaguardas existentes en el proceso electoral boliviano.
Además de no presentar ninguna evidencia de que realmente haya ocurrido irregularidades que podrían haber alterado el conteo de votos, la misión de la OEA ni siquiera proporciona un posible medio por el cual podrían haberse dado”.
El Centro de Investigación Económica y Política es un grupo de expertos, del tipo también conocidos como “think tank”, en política económica con sede en Washington, D.C., que fue cofundado por los economistas Dean Baker y Mark Weisbrot.
A continuación, el informe completo del CPR sobre el análisis a las elecciones de Bolivia en 2019:
bolivia-elections-2019-11-spanish
