¿Es la Guardia Nacional opuesta a los Derechos Humanos?: Organizaciones y ONU-DH piensan que sí

Este 16 y 17 de enero, en periodo extraordinario, el Congreso de la Unión analizará y votará la reforma Constitucional que permitirá la creación de la Guardia Nacional. Esta iniciativa, emanada del Poder Ejecutivo, ha sido criticada por organismos de derechos humanos (DDHH) y por organizaciones de la sociedad civil (OSCs), quienes ven en ella la continuidad de las políticas de seguridad implementadas desde el sexenio de Felipe Calderón. Para debatir en torno al tema, la Cámara de Diputados ha convocado a una serie de audiencias públicas que iniciaron este 8 de enero y que concluirán el próximo viernes 11.

A los eventos, organizados en mesas temáticas, asistirán y han asistido distintos representantes del poder Legislativo, titulares de gobiernos estatales y municipales, servidores públicos del ramo de seguridad, integrantes de las fuerzas armadas y miembros de OSCs. El día de hoy, jueves 10 de enero, los encuentros se realizan en torno al eje “Derechos Humanos y Guardia Nacional”, están moderados por diputados como Tatiana Clouthier y cuentan con la participación de personajes como Jan Jarab, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y Denise Dresser, del colectivo Seguridad sin Guerra.

Este último colectivo, formado por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., ha declarado que “una Guardia Nacional militarizada es una innegable continuidad con la estrategia de seguridad fracasada de los gobiernos anteriores”. La red de organizaciones alerta que “hoy, la tortura y otras violaciones de derechos humanos son herramientas de rutina de las autoridades de seguridad”. Aunque reconocen que “muchas de las propuestas del Plan Nacional de Paz y Seguridad son acertadas, como la justicia transicional”, insisten en que “será imposible instrumentarlas si continuamos en ‘guerra’ y profundizamos la militarización del país”.

​Con respecto a las audiencias, el colectivo formado por más de 300 organizaciones y personas, reconocen “la voluntad de los liderazgos en el Congreso, quienes impidieron que la votación en el Pleno de la Cámara se llevará a cabo”, pero advierten que la “convocatoria a jóvenes para integrarse a una corporación aún inexistente” y “el anuncio de un periodo extraordinario para votar la reforma” son medidas que “intentan construir una narrativa de decisión tomada que alerta directamente contra la independencia del poder legislativo”. Además de presentar una serie de propuestas metodológicas para las audiencias, Seguridad sin Guerra ha pedido que éstas no sean una simulación: “Si en verdad los tiempos han cambiado y quienes hoy gobiernan y legislan son diferentes, no puede actuarse de la misma forma, usando al Congreso de la Unión como una ventanilla de trámite”.

La Guardia Nacional es una propuesta emanada del Plan Nacional de Paz y Seguridad, formulado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El titular del Ejecutivo la ha defendido argumentando que ésta contará con “previa preparación y capacitación para el respeto de los derechos humanos” y con “la aplicación de protocolos para el uso de la fuerza, las instituciones fundamentales para garantizar la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública”. Por otro lado, este 9 de enero, la subsecretaria de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, reveló que el gobierno mexicano hizo llegar una solicitud a la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de obtener apoyo para capacitar a quienes conformarían la Guardia Nacional en materia de DDHH.

La Oficina de la Alta Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH) ha recomendado al Legislativo no emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, buscando su retiro gradual de estas tareas. La Guardia Nacional “consolidaría el paradigma militar” que nos ha llevado “al deterioro de la situación de derechos humanos en México”, sentencian. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha declarado que, aunque “no se opone a que haya seguridad y se persiga el delito”, “confiar en el uso de la fuerza como recurso principal genera un gran riesgo de que se presenten o propicien violaciones a los derechos humanos”.

En la audiencia del día de hoy, Jan Jarab, representante en México de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lamentó que no hubiera víctimas de violaciones a DDHH cometidas por el Ejército invitadas a estas deliberaciones. En la cuarta vez que emite su valoración oficial al gobierno mexicano en este tema, Jarab recordó que el “mantenimiento del orden publico interno debe estar a manos de autoridades civiles” y que la participación de las fuerzas militares en estas tareas debería siempre estar subordinada y ser complementaria a las fuerzas civiles.

El representante subrayó que la Guardia Nacional “no responde a los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que “normaliza lo que debe ser excepcional” y “hace permanente lo que debe ser temporal”. Jarab reiteró su preocupación frente a este cuerpo que carecería de “mecanismos de rendición de cuentas” y de “control político por parte del Congreso”. Por su parte, Pedro Salazar Ugarte, Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México IIJ-UNAM, alertó sobre la dificultad que tendrá el regreso a los cuarteles si se concreta la Guardia Nacional y llamó a aprovechar “la cuarta transformación” para cambiar de estrategia de seguridad.

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