Detienen en Bolivia a vicepresidente del MAS, partido de Evo Morales

Las autoridades del gobierno autoproclamado de Bolivia detuvieron a Gerardo García, vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido fundado por Evo Morales. Se le imputa un supuesto delito de uso indebido de los bienes del Estado.

García, quien se encuentra en el Penal de San Pedro, en La Paz, fue aprehendido el jueves pasado mientras manejaba un vehículo del Ministerio de la Presidencia sin matrícula, reporta el medio Página Siete. Junto con García fue detenido también el secretario de Transparencia del MAS, Ramón Caro.

Previamente, Arturo Murillo, quien tras el golpe de Estado asumió de facto la dirección del Ministerio de Gobierno en Bolivia, afirmó que el nuevo Ejecutivo irá “a la cacería” de Juan Ramón Quintana, ministro de Presidencia durante la Administración socialista, y Raúl García Linera, hermano del ex vicepresidente Álvaro García Linera, quien se encuentra con Evo Morales en México como asilado político.

“Que empiecen a correr, los vamos a agarrar. No vamos a permitir una persona más que siga haciendo sedición en el país”, habría mencionado el funcionario según RT Noticias.

Según el jefe de la División de Lucha Contra la Corrupción de la Fuerza Anticrimen (FELCC), Luis Fernando Guarachi, se le imputa el cargo de presunto uso indebido de bienes del Estado, sin embargo, como la posesión del vehículo no estaba autorizada por el Ministerio de la Presidencia, la Fiscalía determinó que sería robo agravado.

Según Página Siete, entre los objetos en posesión de García en el vehículo presuntamente se hallaron computadores y documentos que están siendo investigados. La Policía también realizó el allanamiento de la sede del MAS en La Paz.

No es la primera detención preventiva de este tipo, pues el pasado 19 de noviembre fueron aprehendidos por presunto “uso indebido de bienes del Estado” el esposo y la hermana de la ex vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Lidia Iriarte, quién a su vez tiene una orden de aprehensión por supuestos “delitos electorales”, tras el informe elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre supuestas irregularidades en las elecciones del pasado 20 de octubre.

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