En este recuento de lo acontecido durante este año, sobresale la llamada Ley Bonilla. Hagamos un contexto.
El pasado 3 de junio, Jaime Bonilla, el entonces candidato a la gubernatura de Baja California con la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo el 50.38 por ciento del total de los votos emitidos durante la jornada electoral de dicho estado, lo que lo convirtió en el ganador de la contienda durante tres años.
Un mes después, el 9 de julio, el diputado Víctor Manuel Morán presenta ante el Congreso de Baja California una reforma al artículo 8 de la Constitución local, para que el próximo gobernador, Jaime Bonilla, pudiera permanecer en el cargo durante cinco años, afirmando que eso representaría un gasto sustancial a erario del Estado.
Con 21 votos a favor y uno en contra, el Congreso local –cuya mayoría era bancada panista–aprobó dicha reforma, la cual después recibió el nombre de “Ley Bonilla” y que por muchos –como en el caso de Olga Sánchez Cordero– fue calificada como anticonstitucional.
Aplicando un “a mí ni me metan en sus broncas”, y luego de la controversia que se armó con la decisión del Congreso de Baja California, el 11 de julio Jaime Bonilla salió a decir que él no tenía nada que ver en la ampliación del mandato, pues el Congreso tiene libertad de aprobar las reformas que quiera y que para él, la modificación del artículo 8 era una especie de corrección que no buscó.
Luego del descontento de integrantes de varios partidos políticos y marchas por parte de ciudadanos de Baja California, el congreso emite la declaración de aprobación de la ampliación de mandato de Bonilla el 23 de julio de este año.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comienzan a recibir varias impugnaciones realizadas por personajes como Gustavo Sánchez, alcalde de Mexicali, así como de varios partidos políticos como el PRD, Movimiento Ciudadano y el partido local Transformemos.
Siguiendo los métodos de la llamada 4T, el 22 de agosto el presidente del Congreso de Baja California, Catalino Zavala, propone que sea mediante una Consulta Ciudadana que se defina si se publica o no la modificación a la reforma que permite la ampliación del mandato de Jaime Bonilla, todo para darle “mayor legitimidad democrática a la reforma constitucional de dicha ampliación del mandato para el ejercicio del cargo de Gobernador”.
El 2 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que Jaime Bonilla ganó la elección a la gubernatura de Baja California y declaró válida la constancia de mayoría. Sin embargo, el organismo detalla que la elección fue validada por un periodo de dos años y no de cinco,
El 8 de octubre se dio a conocer que la Suprema Corte de justicia desechó, por notoria e improcedente, una controversia con la que el gobierno de Baja California buscaba publicar “Ley Bonilla”, algo que se hizo con el fin de que se promulgara y pudiera ser impugnada.
El pasado 11 de octubre, Andrés Manuel López Obrador salió a decir que él no se iba a involucrar en el caso de Bonilla, y que incluso le daba pena que se estuviera debatiendo el tiempo que el gobernador estará frente al mando de Baja California. “Hay que respetar la decisión de la autoridad competente y si resuelve que son dos años, ¡son dos años! ¡Por encima de la ley nadie!”, dijo el presidente.
El domingo 13 de octubre, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, se llevó a cabo la consulta ciudadana sobre la “Ley Bonilla”, la cual se realizó en 17 distritos electorales en donde fueron instaladas 250 casillas.
El fin de dicha consulta fue conocer lo que opina la gente de Baja California acerca de que Jaime Bonilla gobierne por 5 años y no por 2, como se pensó desde un principio. Sin embargo, a través de redes sociales varios acusaron de que esta actividad se estaba llevando a cabo con irregularidades y sin organización, pues los funcionarios de casilla no llevaban un control de las personas que iban a participar.
El 17 de octubre fue publicada en el Periódico Oficial del estado de Baja California la reforma de ampliación de mandato, la llamada “Ley Bonilla”, que fue entregada por el Congreso estatal al Poder Ejecutivo.
La citada ley aparece plasmada en las páginas de la publicación por lo que entrará en vigor a partir de este viernes 18 de octubre.
Sin embargo, no todo quedó ahí; penas el pasado 4 de diciembre, Por unanimidad los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyeron que la llamada Ley Bonilla, por la que el Congreso del estado de Baja California amplió de dos a cinco años el periodo del mandatario Jaime Bonilla, es inconstitucional.
Esa reforma violó los principios constitucionales de certeza en los procesos electorales, el de no reelección; el derecho a votar y ser votado mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y, por último, el de elecciones libres auténticas y periódicas, coincidió el pleno del TEPJF. En escrito de opinión dirigido al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Fernando Franco, dentro del proceso de análisis que realiza sobre las acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra esa norma, los magistrados identificaron violaciones a por lo menos cinco principios de la Constitución.
En el documento, los magistrados analizaron la norma —contra la que PAN, PRI, PRD y MC interpusieron acciones de inconstitucionalidad— y declinaron pronunciarse sobre diversos alegatos, por ejemplo, sobre supuestas violaciones al proceso legislativo en que habría incurrido el Congreso del estado, porque esta materia no es de índole electoral.
Respecto al principio de no reelección, se determinó que “no es válido que se prorrogue el mandato a cinco años que fue conferido al gobernador por la voluntad de los electores para un tiempo determinado de dos años”.
