Al conmemorar su 30 aniversario, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sugirió una reforma constitucional para que las recomendaciones sean vinculantes y de esta forma transformarse en “en una auténtica Defensoría del Pueblo”
A través de su cuenta de Twitter, el organismo señaló: “#30AñosCNDH La #NuevaCNDH no busca convertirse en una Procuraduría de pobres. Queremos transformarnos en una auténtica Defensoría del Pueblo, que verdaderamente defienda y proteja a las víctimas y a quienes están en riesgo de serlo”
La #NuevaCNDH no busca convertirse en una Procuraduría de pobres. Queremos transformarnos en una auténtica Defensoría del Pueblo, que verdaderamente defienda y proteja a las víctimas y a quienes están en riesgo de serlo. ?https://t.co/O9Hd7sYZ2k pic.twitter.com/AHjvb8W8Xy
— CNDH en México (@CNDH) June 8, 2020
“Entonces, una parte de la lucha es lograr que las recomendaciones tengan carácter vinculante, que las autoridades las acaten y reparen el daño consecuencia de sus actos, tener sobre todo mayor incidencia en las políticas públicas; y otra es reducir los gastos de la Comisión, optimizar los recursos, y centrarnos en lo que nos corresponde hacer: atender a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a quienes están en riesgo de serlo”, señaló la CNDH en un comunicado.
En el mismo, la Ombudsperson, Rosario Piedra Ibarra, señaló que no concuerda con algunos juristas y defensores que defienden la idea de que las instituciones defensoras de derechos humanos no puedan emitir recomendaciones vinculantes, como lo establece la Carta Magna; por lo que planteó una reforma constitucional que sí lo permita.
“De hecho esa visión la recoge el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que tendrá que reformarse, el cual establece que: “El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas establecerán organismos de protección de los derechos humanos…, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público… formularán Dirección General de Comunicación recomendaciones públicas no vinculantes, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas…”, señala el texto.
Asimismo, el comunicado firmado por Piedra Ibarra indica que el trabajo del organismo autónomo “no se reduce a la observación y a la queja”, por lo que debería funcionar como una “Procuraduría de los pobres”, aunque en sus redes sociales se aseveró que no se convertirían en ello.
“Esa es la tradición del “Defensor del Pueblo” en nuestro país, y la que hemos de reivindicar ahora, a 30 años del nacimiento de la CNDH, y del agotamiento de su modelo de operación.”, añadió.
Apuntó que la reforma propuesta es para que las autoridades acaten las recomendaciones y de esta forma reparen los daños ocasionados por sus actos, y “tener sobre todo mayor incidencia en las políticas públicas”.
Sobre la idea de la “Procuraduría”, el texto la fundamenta con algunas citas históricas “Se trata de la ‘Procuraduría de Pobres’ promovida por Ponciano Arriaga como diputado local en el estado de San Luis Potosí y expedida por el Congreso de ese estado el 5 de marzo de 1847, para defender a las clases sociales más vulnerables ante los abusos, excesos, agravios, vejación y maltratos cometidos por alguna autoridad, además de contar con facultades para denunciar y solicitar la reparación del daño que correspondiera”.
Y se añade: “La Procuraduría de Pobres fue algo avanzado para su tiempo; sin embargo tuvo una corta existencia, apenas un año, pues los primeros procuradores, Vicente del Busto, Manuel M. Castañeda y Manuel Arriola, iniciaron sus gestiones el 15 de mayo de 1847 y renunciaron el 30 de mayo de 1848”.
“La propuesta humanista de Ponciano Arriaga para crear la Procuraduría de Pobres, tenía el propósito de proteger a los pobres… Su clara visión de la sociedad en la que interactuaba, le permitía advertir que una clase de la sociedad era maltratada por sus autoridades, le persiguen, le estafa y le oprime, y no hay quien se ocupe de ellos, no hay quien se presente en su nombre a pedir reparación o a proteger sus derechos”, cita el comunicado.
