El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil retomará este martes el curso de dos demandas interpuestas contra las candidaturas de Jair Bolsonaro y Hamilton Mourão a la Presidencia de la nación. El juicio corresponde a las denuncias por ataques cibernéticos en las redes sociales durante las elecciones realizadas en octubre del 2018.

Tales acciones fueron presentadas por los excandidatos presidenciales Guilherme Boulos y Marina Silva, quienes denunciaron la invasión del grupo virtual «Mujeres Unidas contra Bolsonaro» un mes antes de los comicios.

La agrupación digital, que sumaba más de 2,7 millones de personas, fue invadida por hackers (piratas cibernéticos), que alteraron su contenido.

El nombre se cambió a “Mujeres con Bolsonaro #17”, con la inclusión de contenido ofensivo para los oponentes del entonces pretendiente al poder del Partido Social Liberal (PSL).

Las denuncias solicitan la anulación de los registros de candidatura de Bolsonaro y Mourão. Este último, es un general retirado del Ejército y actual vicepresidente de Brasil desde el 1 de enero del pasado año. Los demandantes piden también la declaración de inelegibilidad por abuso electoral.

La pareja electoral liderada por Bolsonaro se enfrenta a otras acusaciones en curso en el Supremo. Entre sus causas se encuentran irregularidades en la contratación de servicios de la multiplataforma WhatsApp y el uso indebido de los medios de comunicación.

Otras acciones se refieren a la colocación de vallas publicitarias en al menos 33 municipios de 13 estados e investigar el uso indebido de los medios de comunicación.

Bolsonaro se impuso en primera ronda de las elecciones de 2018, pero al no haber alcanzado el umbral mínimo de votos, se vio obligado a enfrentarse en una segunda al candidato del Partido de los Trabajadores, el académico Fernando Haddad, a quien terminó imponiéndose por 11 puntos.

El anuncio del TSE se produce un día después de que el juez, Celso de Mello, decano de la Corte Suprema de Brasil, prorrogara por 30 días otra investigación contra el actual mandatario. Esta última responde a presuntas injerencias políticas e ilegales en la Policía Federal.

Con información de TeleSur y Granma.