La Fiscalía General de la República (FGR) investiga una serie de pistas sobre el desvío que habría realizado Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de la Sedesol y la Sedatu durante la gestión de Rosario Robles, las cuales llegaron al continente asiático.
De acuerdo con Reforma, la dependencia investiga el presunto desvío de 7 mil millones de pesos realizado desde ambas dependencias; entre las últimas averiguaciones, señalan que los desvíos se extendieron a 8 países con depósitos por al menos 66.1 millones de pesos, tan solo entre 2014 y 2015.
De esta manera, la FGR ya hizo solicitudes de asistencia jurídica internacional a China, Corea del Sur, Pakistán, Ecuador, Estados Unidos, Dinamarca, Israel y Bélgica para seguir la ruta del dinero y establecer su destino final.
La nota firmada por Abel Barajas consigna que las autoridades identificaron a Claudia Gabriela Morones Sánchez, ex directora de Recursos Materiales y Servicios Generales, y Enrique Prado Ordóñez, ex director de Adquisiciones y Contratos en ambas dependencias, como los integrantes de la red que Zebadúa dirigía para desviar recursos.
La FGR acusa que ambos habrían operado el cambio de dinero por dólares y las transferencias que eran parte de dos convenios por 955.2 millones de pesos entre Sedesol y Radio y Televisión de Hidalgo, la cual subcontrató a otras siete empresas para los traspasos.
“La adquisición y envío de divisas se concretó a través de Banco Monex y CI Banco, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación y la FGR. Morones ya estaba identificada como probable responsable de coordinar la falsificación de comprobantes y su entrega en oficinas de Polanco y la Colonia Anzures en la CDMX. En tanto, Prado fue señalado de operar con las empresas subcontratadas por las universidades, debido a que uno de sus familiares estaba directamente vinculado a varias de las compañías que simularon los contratos”, reza la investigación.
Además, expone que ambos fueron parte de las transacciones de cambios de divisas y transferencias internacionales, con el objeto de ocultar el origen de los recursos, lo que eventualmente podría constituir el delito de lavado de dinero.
