Las juntas directivas de las comisiones unidas de Gobernación y Población, y de Pueblos Indígenas en San Lázaro, aprobaron por mayoría, el Acuerdo respecto del Procedimiento para la Dictaminación de las Iniciativas en materia de Consulta Indígena y Afromexicana; y a su vez avalaron, con cambios, la convocatoria para dicha consulta.
De Morena, la diputada Rocío Barrera Badillo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, instruyó a las secretarías técnicas de ambas instancias legislativas a realizar las modificaciones acordadas, recabar las firmas y remitir un original a la presidencia de la Mesa Directiva para los efectos legales conducentes.
La diputada morenista Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, reconoció el esfuerzo que se ha realizado en pro de las comunidades indígenas y afromexicanas. “Estaremos informándoles de los avances y compartiendoles la información que se vaya generando”, indicó.
En este sentido, la consulta se efectuará del 5 al 28 de marzo de este año, en diez sedes regionales de manera semipresencial con los representantes de los 68 grupos indígenas; se mantendrán los conceptos “protocolo” y “medida legislativa”, debido a que son referencia en las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, en cuyo Convenio 169 plantea la obligatoriedad de dicha consulta para estas comunidades.
Si bien, el 17 de junio de 2020, las comisiones unidas aprobaron la ruta para dictaminar la iniciativa para expedir la Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, esta no se ha podido implementar debido a la situación sanitaria que se enfrenta. “De entonces a la fecha, se han presentado dos nuevas iniciativas que deben ser consideradas en el proceso legislativo, de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega y del diputado Gustavo Callejas Romero, ambos de Morena”, explicó la diputada Herrera Badillo.
La legisladora aclaró que se trata de un acuerdo interno que observarán las instancias legislativas que tienen fuerza de ley y que no requiere la aprobación de una instancia superior, por referirse a la organización interna y metodología de trabajo, lo que no contraviene ni sustituye el proceso legislativo en ninguna de sus fases; ni tampoco, modifica el fondo de lo aprobado el 17 de junio de 2020, sino incorpora las nuevas iniciativas, precisa y actualiza las fechas del cronograma y corrige la denominación del documento base de trabajo.
Precisó que jurídicamente el acuerdo está fundamentado. “No se incurre en ninguna irregularidad, es una omisión legislativa que se tiene y, por lo tanto, se cumple con sus obligaciones y facultades. No es un acuerdo fast track, ni apresurado; es un documento que sólo hace modificaciones a dos iniciativas”.
Además, subrayó que ante la pandemia se reorganizó y ajustó el calendario de los foros, por eso es importante aprobar este acuerdo. También destacó las propuestas de modificación de las y los diputados del PRI, de ambas comisiones, respecto a homologar algunos términos del documento.
